El PP en el Ayuntamiento de Cádiz tacha de “fracaso absoluto” la ordenanza de Alquiler Justo, aprobada en septiembre de 2016, también con su voto. Según información ofrecida por la concejala de Vivienda, en el pasado pleno a petición de la derecha, la medida de momento ha amparado “un único contrato de alquiler”. El principal partido de la oposición insiste en dudar sobre la “supuesta emergencia social” que vive la capital, y presume de que cuando estaba en la Alcaldía sí se ofrecían soluciones para “los problemas de vivienda”. Paralelamente, el Obispado rechaza ceder sus pisos y edificios vacíos en la ciudad para alquiler social.
El PP en el Ayuntamiento de Cádiz tacha de “fracaso absoluto” la ordenanza de Alquiler Justo, aprobada inicialmente en mayo de 2016, y de forma definitiva en septiembre, entonces por unanimidad, o sea, también con su apoyo. Según información ofrecida por la concejala de Vivienda, Eva Tubío, en el pasado pleno ordinario a petición de la derecha, la medida de momento ha amparado “un único contrato de alquiler”.
Esta iniciativa por un lado ofrece a los propietarios una alternativa para sacar al mercado viviendas que no contaban con las condiciones de habitabilidad a través de créditos reintegrables y por otro se facilita el acceso de personas con recursos limitados a las mismas. En la teoría, se pensaba que fomentaría el alquiler a través de la captación de pisos vacíos, de los cuales se estima que hay unos 3.000 en la capital.
El principal partido de la oposición solicitó al equipo de Gobierno a través del último pleno que se informara “de manera urgente, de las viviendas puesta a disposición del municipio para este programa de alquiler social y los contratos celebrados al amparo de la misma hasta la fecha”. Del mismo modo se pedía que esa información se diera de manera periódica, cada mes, para que “los grupos municipales puedan ejercer su labor de control en un tema de vital importancia como es la vivienda en la ciudad”.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, critica en que “la medida que iba a erradicar la supuesta emergencia social haya conseguido, tras un año, el éxito de un solo contrato de alquiler”.
“Y lo peor –se añade- es que quien ha tutelado la iniciativa, que era trabajadora social, sabía perfectamente que nosotros poníamos a disposición de las familias sin recursos todos los instrumentos posibles. Pero claro, era mejor mentirles a esas familias, mentirles a los gaditanos. Decir que el PP no quería solucionar los problemas de vivienda. Ahora se ha demostrado que no tenían ni la intención, ni por supuesto la solución”.
Así, el PP reclama al bipartito de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común que “abandone de manera definitiva la inacción, la política del eslogan constante y la demagogia”. E interpreta que “los problemas de vivienda de los gaditanos se solucionan construyendo viviendas como las de la Comandancia de la Guardia Civil, pagando alquileres y deudas de alquiler e hipoteca a quienes verdaderamente no pueden hacerlo… Haciendo lo que se hacía en esta ciudad, en la que en 2014, fue un Ayuntamiento del Partido Popular el que más invirtió en ayudar a erradicar la emergencia social mientras otros utilizaban de manera miserable a esas familias para ganar votos”.
Es una manera de verlo: en su momento, la entonces oposición ya denunció que parte de ese gasto en inversión social del que presumía el Gobierno de Teófila Martínez era más bien para publicitar la misma, o sea, para autobombo. Por ejemplo, en 2013 se destinaron más de 225.000 euros en publicidad de Asuntos Sociales, según reveló el PSOE. E IU criticó que en esas cifras de ayudas sociales hinchadas se incluían todo tipo de gastos de la propia delegación: la publicidad, el alquiler de centros, o la limpieza y seguridad de los mismos.
LA ORDENANZA, CONSENSUADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD
Un pleno extraordinario en septiembre de 2016 aprobaba, por unanimidad, esta ordenanza reguladora de las ayudas al programa municipal Alquiler Justo, que gracias a Ciudadanos se rebautizaba como Alquiler Social. Una ordenanza que persigue revitalizar el mercado de alquiler de viviendas en la ciudad al mismo tiempo que facilitar el acceso a las mismas por parte de colectivos más vulnerables. La misma, durante su desarrollo, se completó con las aportaciones presentadas por parte de la Plataforma por la Vivienda Digna, un particular y los partidos políticos.
La finalidad de esta ordenanza es la de impulsar el alquiler social de las viviendas desocupadas en la capital a través de incentivos a la propiedad para ponerlas en el mercado de alquiler en condiciones dignas de habitabilidad a precios razonables para que puedan destinarse fundamentalmente, con el apoyo municipal, a los sectores de población que lo necesitan, con medidas para garantizar el pago de las rentas y el buen estado de conservación de la vivienda hasta la finalización del arrendamiento.
La vivienda objeto del programa debe estar ubicada en Cádiz y vacía (disponible para el alquiler), y la renta de mercado tasada por el correspondiente técnico tras realizar una visita de inspección no puede ser superior a 350 euros al mes para las casas de un dormitorio, 450 euros al mes para las de dos dormitorios y 500 euros al mes para las de tres o más dormitorios.
Los beneficiarios de este programa son personas y familias inscritas en el padrón o que acrediten su residencia en la ciudad con una antelación mínima de seis meses y que se encuentren en una situación de necesidad inmediata de una casa. La propuesta de beneficiarios se debe realizar a instancias de la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda.
Y MIENTRAS, EL OBISPADO RECHAZA ALQUILAR SUS VIVIENDAS VACÍAS
Sin dejar el tema, el grupo cristiano de Reflexión-Acción de la Diócesis de Cádiz-Ceuta, formado por diversas organizaciones como HOAC, Justicia y Paz, Comunidades Cristinas Populares, Comunidades laicas marianistas y Comité Óscar Romero de Cádiz, ha hecho saber que el Obispado se niega a ceder sus pisos y edificios vacíos, como el del Seminario, a personas sin hogar, inmigrantes, refugiados o desahuciados; tal y como le vienen reclamando desde julio del año pasado.
En Podemos Cádiz aseguran “no comprender esta cerrazón del Obispado», que consideran «contraria a la sensibilidad social que promulgan». Así lo ha hecho saber la portavoz de esta formación, Laura Mingorance, que asegura que “la Iglesia disfruta de una serie de privilegios como estar exenta del pago del IBI y a cambio debería ser responsable con los problemas de la sociedad en la que está inmersa”.
“Como mínimo la Iglesia debería sacar esas viviendas a alquiler”, entiende Mingorance que invita al Obispado a sumarse al programa de Alquiler Justo del Ayuntamiento, que ahora pone en duda la derecha local.
Mingorance asegura que Podemos coincide con el análisis de Reflexión-Acción y también considera que “la Iglesia de Cádiz no puede ser insensible a este sufrimiento y puede hacer más de lo que hace”. Por eso, se le pide al Obispado que reconsidere su postura y “que como le piden los propios católicos, contribuya a aliviar el sufrimiento de mucha gente que necesita un techo, cediendo o alquilando a precios económicos estos pisos”.
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