Un reciente Consejo de Administración del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, en sesión extraordinaria, ha tomado conocimiento y ha informado favorablemente de la propuesta del Plan de Transporte Metropolitano de la Bahía de Cádiz (Plan de Movilidad Sostenible), paso previo a su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Un PTMBC liderado desde hace unos años por la consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda que ha culminado todas sus fases de redacción, y que dibuja actuaciones futuribles presupuestadas en unos 190 millones de euros. Dice tener como principal objetivo “aumentar el uso del transporte público, fomentar la intermodalidad y reducir gases contaminantes de cara al año 2030”.
Documento que Izquierda Unida entre otros ya consideraron obsoleto (realizado en base a números previos a la pandemia, que trastocó todo, obviando igualmente la posterior inclusión de bonificaciones extras para viajeros recurrentes con el pretexto de la guerra en Ucrania) que parte de un dato relevante y doloroso: el transporte público apenas absorbe hoy día el 6% de la movilidad entre ciudades de la Bahía gaditana; casi el 54% de viajes se hacen en vehículo privado.
El mismo integra actuaciones sobre infraestructuras, servicios de transporte público, aparcamientos e intermodalidad, además de recoger los principios de sostenibilidad de la Unión Europea y la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2014-2030, “con el fin de contribuir a la mejora del medio ambiente, la salud y la adaptación al cambio climático”, se repite en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Durante su elaboración, se añade, se ha contado con la participación de agentes sociales, económicos y medioambientales, así como con el asesoramiento del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) y del equipo Jaspers del Banco Europeo de Inversiones, “garantizando un proceso de consenso y planificación estratégica”.
“TRASNOCHADO, DESILUSIONANTE, INSERVIBLE…”
Sin embargo, no se menciona que con ocasión del pertinente plazo de alegaciones el documento fue rechazado por colectivos e incluso ayuntamientos como los de Chiclana y Puerto Real, que llegaron a pedir su retirada por “desilusionante” e “inservible”.
Y en concreto, Agaden-Ecologistas en Acción, Facua, la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz y La Zancada, miembros de la comisión de participación del Consorcio de Transportes, tacharon el borrador del plan como “trasnochado”, asumiendo la movilidad presente y futura “como algo inevitable, sin tratar de incidir sobre ella”.
Estos colectivos exigieron una “adecuada y nueva formulación” del PTMBC (que parece que no se ha tenido en cuenta), contemplando de forma “prioritaria”: la reducción de la movilidad en automóvil, incluyendo la disminución de viario motorizado y de la capacidad de aparcamiento en destino, políticas de calmado de tráfico, e incluso barajar sistemas de peajes al acceso de automóviles en las ciudades o al menos sus centros históricos.
Pero además, superar la demanda cautiva del transporte público (aquella que no tiene otras opciones de movilidad y va a usarlo sean cuales sean sus condiciones de precio y calidad), y en este punto se demandó una red ferroviaria como “eje básico” del transporte metropolitano, con nuevos apeaderos de Cercanías, la construcción de la proyectada línea 2 del Trambahía pasando por el segundo puente; y una reforma “integral y profunda” para la red de bus metropolitano (con su transformación en líneas BRT, autobús de tránsito rápido).
De la misma manera, estos colectivos reclamaron que el plan tenga en cuenta: la accesibilidad universal “como estrategia transversal”; la movilidad ciclista y peatonal “como derecho”; el tránsito a un sistema tarifario integrado (que permita utilizar de forma cómoda y económica diferentes medios de transporte); e incorpore planes de movilidad de empresas y focos de atracción.
CASI 80 ACCIONES A IMPLEMENTAR
El plan consultado meses atrás por este periódico sí recoge cerca de 80 actuaciones, entre ellas la construcción de plataformas reservadas de transporte público en el Puente de la Constitución de 1812 (esos carriles ya existen, los reservados inicialmente a olvidado proyecto de tranvía entre la capital y Puerto Real), el veterano puente de Carranza, y en los accesos a Jerez o El Puerto de Santa María; el refuerzo de los autobuses metropolitanos; nuevos servicios de transporte a la demanda; mejora y ampliación de las conexiones ciclistas; y el desarrollo de los llamados intercambiadores de transportes.
El documento define la hoja de ruta para satisfacer las necesidades de movilidad del área metropolitana, como resultado de “un estudio minucioso” en una veintena de municipios de la provincia (unos 820.000 habitantes, según los datos poblacional de 2019, antes del Covid; donde más de 488.000 tienen carné de conducir). Debido a su importante actividad turística, se han elaborado de manera previa dos diagnósticos: en invierno y en verano.
Propone igualmente la integración de dos municipios más, Barbate y Vejer, en el Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, que hoy día ya cubre una docena de localidades; además de las siete ciudades mancomunadas de la Bahía (Cádiz, Jerez, San Fernando, El Puerto, Chiclana, Puerto Real y Rota), están Arcos, Medina-Sidonia, Sanlúcar, Chipiona y Conil.
Para el Consorcio, donde ‘manda’ la Junta, este visto bueno reafirma su compromiso con la puesta en marcha de “un sistema de transporte metropolitano sostenible, accesible y de calidad, que dé respuesta a las necesidades de movilidad de la Bahía y contribuya a la cohesión territorial de la provincia”.
Ese último Consejo de Administración contó con la participación del director general de Movilidad y Transportes de la Junta, José Miguel Casasola, junto con la delegada territorial de Fomento, Carmen Sánchez; la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez; la gerente del Consorcio, Concepción Parra; así como representantes de los ayuntamientos consorciados.
