El proyectado nuevo edificio de la Administración General del Estado en Cádiz, que se viene esperando desde hace años en el entorno de las Puertas de Tierra, parece que empieza a ver la luz. La pasada primavera el Consejo de Ministros autorizaba la operación (al ser superior a los 12 millones de euros, debía pasar por este trámite en base a la Ley de Contratos del Sector Público), y en los últimos días ha trascendido al fin la empresa adjudicataria de los trabajos.
La firma granadina Grulop 21 SL se ha hecho con el contrato por unos 18 millones de euros (con IVA), con el compromiso de ejecutar los trabajos en un plazo de dos años.
En concreto se encargará de levantar un edificio administrativo de servicios múltiples de unos 7.200 metros cuadrados, “que favorecerá la integración de unidades actualmente dispersas y reforzará la imagen institucional de la Administración General del Estado en la ciudad”, se subraya meses atrás en la información trasladada a DIARIO Bahía de Cádiz.
Se ubicará en los terrenos de la antigua Subdelegación y de Radio Juventud, desde hace décadas un solar baldío de 19.000 metros cuadrados en un punto emblemático y estratégico de la capital; en la avenida de Andalucía, 1 y 3, y plaza de la Constitución, 2, frente a la sede de Hacienda y con la actual sede de la Subdelegación en la otra acera.
Se prevé que esta actuación posibilitará, si todo va bien entre finales de 2027 o principios de 2028, el traslado al futuro edificio de cerca de 350 funcionarios. El mismo dará cabida en su día a la Subdelegación del Gobierno así como las sedes del SEPE, Sanidad, Agricultura, Demarcación de Costas, Telecomunicaciones, Comunicación Exterior y Abogacía del Estado.
El esperado proyecto está dirigido “a lograr un edificio referente en materia de eficiencia energética, sostenibilidad, y accesibilidad”, y para ello se ha establecido el objetivo de alcanzar las siguientes calificaciones: certificado de sostenibilidad Verde 4 Hojas emitida por Green Building Council España; y la certificación AIS 5 Estrellas, dirigido a potenciar mejoras en la accesibilidad.
UNIFICARÁ SEDES HOY ALQUILADAS
La actuación permitirá alcanzar “tres objetivos fundamentales”. Por un lado, la integración de unidades administrativas en una misma sede, “optimizando la funcionalidad y la eficiencia en la prestación de los servicios”. De la misma manera, la reducción de gasto público mediante la amortización de contratos de arrendamiento de otros inmuebles ajenos, mejoras de gestión y disminución de consumos.
Y además, se levantará un edificio “de características adecuadas, basado en criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, potenciando la representatividad y la imagen de la Administración del Estado”.
En cuanto a la urbanización del resto de la parcela, esta se utilizará en principio como zona libre y aparcamiento. Con la posibilidad de agotar la edificabilidad restante en una segunda fase en el futuro, “que dependerá de las nuevas necesidades que pueda demandar la Administración”.
