El ya por entonces exalcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, acudía en junio de 2024 a los Juzgados de San José como investigado, junto a otros compañeros del que fue su primer equipo de gobierno, por un asesor “sin cargo” del ejecutivo local izquierdista entre 2018 y 2019, que “estuvo analizando y manipulando documentos municipales”.
Ahora, casi dos años después, se conoce que el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz ha acordado seguir adelante con este proceso por presunta prevaricación administrativa contra González Santos y otras cinco personas: el propio asesor Fernando Acuña, David Navarro y Laura Jiménez (concejales de Personal y de Turismo), José Ramón Páez (entonces asesor de Alcaldía) y José Vicente Barcia (en ese periodo jefe de Gabinete de Alcaldía).
En concreto, a raíz de una denuncia de CCOO, se indaga el papel que desempeñó en el Ayuntamiento gaditano Acuña, un cargo de confianza de grupo municipal Por Cádiz Sí Se Puede entre abril de 2018 y abril de 2019.
El reciente auto de procedimiento abreviado subraya que los investigados acordaron que esta persona “que no tenía la condición de funcionario público, ni personal laboral ni tampoco personal eventual”, actuara en el área de Contratación “con la ficción de tratarse de personal eventual designado por el gobierno municipal”.
“La designación como asesor municipal y la atribución de funciones fue realizada sin sujeción a la legalidad y con la finalidad de conferir facultades no previstas en el ordenamiento jurídico, orillando las legítimas funciones de los funcionarios municipales”, considera el juez.
Así, este personal de confianza “tenía acceso a los expedientes de contratación del Ayuntamiento y daba indicaciones, que eran de obligado cumplimiento, a los funcionarios de carrera, los que tenían que acatar las órdenes del mismo en los expedientes en los que intervenía, ante el respaldo público del que gozaba por parte de los investigados”, se incide.
“TODO SE HIZO POR EL BIEN DE LA CIUDAD”
Tras declarar en el juzgado hace casi dos años, José María González (fuera de la política institucional desde junio de 2023 y reincorporado como profesor) ya defendió que “todo lo que se hizo, se hizo por el bien de la ciudad y con un estricto cumplimiento de la legalidad”.
Al respecto, González Santos aclaró a la prensa que esta persona que trabajaba para el partido y costeaba el partido (entonces Por Cádiz Sí Se Puede), no el Ayuntamiento, que ayudaba al alcalde y sus concejales en materia de Contratación, “no dio ninguna orden a ningún funcionario público; si la hubiese dado, no me cabe pero ninguna duda de que se hubieran quejado, y no existen esas quejas”.
Por su parte, desde el partido en el que milita, Adelante Andalucía, se incidía en que “la contratación externa de este asesor experto estuvo motivada por un acto de responsabilidad con el Ayuntamiento de Cádiz y con sus vecinos. La intención principal era hacer las cosas bien y más fáciles en la ciudad, ese es el supuesto delito”.
“Mientras otros partidos dedican dinero público a contratar familiares, trabajadores de la burocracia de los partidos y publicidad institucional para el autobombo, nosotras contratamos técnicos cualificados para que nuestros concejales hicieran mejor trabajo institucional”, se reiteraba; sin dejar de señalar que la investigación inicial partió “de la que fuera por aquel entonces delegada sindical de la Policía Local, con el continuo boicot que parte de esa plantilla propició durante los ocho años de ‘Kichi’, y desde dos excargos de libre designación del PP en el equipo de gobierno de Teófila Martínez y Bruno García”.
Por ello, para Adelante Andalucía este caso “se trata del decimoctavo intento del PP y su entorno de judicializar la imagen de José María González a lo largo de sus ocho años de gobierno como estrategia para recuperar el poder de lo que consideran suyo”. Las diecisiete denuncias anteriores fueron todas archivadas.
EL PP PIDE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
Precisamente el PP ya ha reclamado una comisión de investigación sobre lo que llama ‘caso fantasma’, parece que como respuesta a la comisión que han exigido desde la oposición PSOE y Adelante Izquierda Gaditana sobre el “protocolo de la vergüenza” denunciado por los jardineros, que desde hace año y medio les obliga al desalojo de personas sin hogar de las zonas verdes y a la retirada de sus enseres personales.
Frente a ello, el partido del ahora alcalde Bruno García interpreta que los hechos recogidos sobre ‘Kichi’ en el auto “son gravísimos”, pues se relata que los procesados “actuando de común acuerdo”, acordaron que este asesor “actuara en el área de Contratación con acceso a los expedientes y diera indicaciones a los funcionarios”.
La derecha propone una comisión que dirima las responsabilidades políticas y/o las que procedan y puedan derivarse de lo relatado en el auto de procesamiento, “ya que resulta imprescindible que los gaditanos conozcan cómo afectó al Ayuntamiento la actuación de los políticos procesados”.
