El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Cádiz ha mostrado su más rotundo rechazo a la denuncia interpuesta por Ciudadanos, alrededor de la transmisión de la titularidad de las concesiones para la ocupación de los chiringuitos a los propios empresarios, “quienes no han dudado a la hora de judicializar de nuevo la vida política aún siendo falsos los hechos que expone”. En este sentido, critica que acusen al alcalde, José María González ‘Kichi’, de dos delitos de malversación y prevaricación “sin importarles que estos hechos sean falsos y sin presentar prueba alguna”.
Así, los dos concejales naranjas acaban de asegurar de que la Justicia ha admitido a trámite su propia demanda, por lo que se han abierto las correspondientes diligencias previas. La franquicia local del partido de Albert Rivera entiende que en esa concesión de los derechos municipales para la gestión de los chiringuitos de la ciudad, el alcalde habría modificado las condiciones de la concesión sin someterla a un nuevo concurso público.
Sin embargo, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el bipartito de Sí se puede y Ganar Cádiz en Común precisa que el juzgado “no ha admitido a trámite” la denuncia interpuesta por dicho partido de la oposición, “tan sólo ha pedido información al Ayuntamiento sobre el expediente administrativo, como no podía ser de otra manera, información que se elaborará y se entregará según los tiempos establecidos”. “Estamos convencidos que una vez la tenga en su poder y la estudie y dada cuenta lo falaz de la denuncia y la falta de rigor jurídico de la misma va a dejarla sin efecto”, se añade.
El Gobierno local sospecha que el portavoz municipal de Cs, Juan Manuel Pérez Dorao “quizás se esté dejando llevar por otros intereses que no son los del beneficio de la ciudadanía”. “Como letrado que es, Pérez Dorao debería saber a estas alturas que para que exista un delito de prevaricación debería haber una resolución administrativa y firme” por lo que se le anima “a que exhiba, muestre o enseñe el documento que acredite la firma del alcalde para el traspaso de titularidad de los chiringuitos”.
Al respecto, se explica que “tal y como se acordó en una de las muchas reuniones mantenidas con la Junta de Andalucía” sobre la situación de los chiringuitos, se solicitó información a la administración autonómica sobre los procesos a seguir, “un proceso sobre el que la Junta se mostró favorable pero que el Ayuntamiento decidió no formalizar y paralizar en base a los informes técnicos municipales de los que disponía”. Es más, se recuerda que ha sido en Junta de Gobierno Local donde se ha aprobado la desestimación de seguir adelante con el proceso, “de lo que sí se tiene constancia oficial”, por lo que “va en sentido contrario a la denuncia presentada por Ciudadanos que carece de todo fundamento”.
En cuanto a la acusación de malversación de caudales públicos, el Ejecutivo lidera por González Santos señala que “como abogado que es, Pérez Dorao también debería saber que para que se produzca este delito debería existir algún tipo de daños y perjuicios por parte del Ayuntamiento, unos supuestos daños que ni siquiera él ha podido cuantificar”. Así, se hace hincapié en que “se siguen cobrando los canon correspondientes tal y como se recoge en la concesión de los chiringuitos”.
“SIGUEN CON LA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO DEL ALCALDE”
Por todo esto, “no nos queda duda de que éste es el enésimo intento por judicializar la vida política y de seguir poniendo palos en la rueda de este equipo de Gobierno”. “El único objetivo real de esta denuncia es seguir con la campaña de desprestigio del alcalde y desgastar su imagen pública a pesar de que se tergiverse y hasta manipule la realidad con el único propósito de poner otros intereses por encima de la ciudad”, lamenta el Gobierno municipal.
Por último, se pide al portavoz de Ciudadanos “que no siga ejerciendo una oposición irresponsable, sin ningún tipo de escrúpulos, como ha venido haciendo al criticar en plena temporada alta el estado de las playas (como también ha hecho el PP) con un falsedad absoluta perjudicando así los intereses de la ciudad y ahora vuelve a perjudicar a los hosteleros de la playa promoviendo una polémica sin fundamento que no les hace ningún favor con el único fin de sacar rédito político”.
