El acoso de un fondo de inversión, la negativa a negociar por parte del banco y la inacción institucional pueden dejar a otra familia de Cádiz en la calle, mientras su vivienda pasa “a las garras de la especulación inmobiliaria”.
“Una historia más de la crisis de vivienda en nuestra ciudad”, alerta el Sindicato de Inquilinas de Cádiz, al hacerse eco del caso de Juan Antonio y Marisol, que comenzaron a residir en este piso de la calle Matrona Modesta Calvo hace 22 años, después de que su abuelo y su tía les dejaran el hogar que había sido suyo desde los años 80 del siglo pasado.
El Sindicato de Inquilinas relata la situación en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz. En 2002 la familia contrajo una hipoteca con el BBVA que, por culpa de un accidente laboral en el sector de la construcción en 2013 y una pensión muy baja, “se vio obligada a empezar a abonar en parte. Tenía dos opciones: o comer o pagar la hipoteca completa”.
Desde esa fecha “y a pesar de los intentos de negociación”, este banco decide no recoger la parte que la familia iba pagando, cancela la letra, y les demanda en 2016.
Pero la historia da una vuelta de tuerca más. Como el BBVA no podía expulsar a la familia de su hogar, en 2018 decide pasar la vivienda a su gestora de activos tóxicos, Divarian, un fondo de inversión propiedad de Cerberus (estadounidense) y del propio BBVA. “La razón era clara: poder agudizar las prácticas de acoso para que Juan Antonio y Marisol cediesen en su lucha por quedarse en su hogar”, apuntan desde el Sindicato.
Desde ese momento, se expone, “se sucedieron llamadas constantes en horas inadecuadas y visitas a la vivienda de personas alegando ser las nuevas propietarias e invitando a que la familia se marchase. Unas prácticas más que habituales en este tipo de fondos buitre que esconden lo peor de la especulación inmobiliaria: acoso, opacidad absoluta y desahucios silenciosos”.
“HAN TOMADO LA DETERMINACIÓN DE QUEDARSE EN SU BARRIO”
Pese a todo, Marisol y Juan Antonio se ha organizado con el Sindicato de Inquilinas y han tomado la determinación de “quedarse en su barrio, en su casa, en Cádiz, y luchar hasta conseguir un alquiler digno en su hogar”.
“Lo hacen por ellos y por su hogar, pero también por todas aquellas personas y familias que están pasando por desahucios invisibles, expulsiones silenciosas, precios inasumibles, alquileres de temporada y todas las problemáticas de vivienda que sufre la población gaditana”, se remarca.
Y por ello, el Sindicato de Inquilinas llama a la ciudadanía a apoyar todas las acciones de presión que se organizarán las próximas semanas antes del lanzamiento fechado el próximo miércoles 26 de noviembre a las ocho de la mañana, “con el objetivo de parar el desahucio lo antes posible”.
“Cuando las instituciones miran para otro lado y los especuladores campan a sus anchas, sólo la organización popular y la lucha vecinal pueden conquistar nuestro derecho a la vivienda”, sentencia el colectivo denunciante.
