El Ayuntamiento de Cádiz ha interpuesto una reclamación administrativa ante la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía cuestionando la legalidad de los títulos en precario que su delegación territorial en la provincia ha otorgado a chiringuitos de las playas de la capital, en los que amplia el plazo de duración de las concesiones, el tiempo máximo de apertura al año y la superficie a ocupar. De no responder o no allanarse a las pretensiones municipales, la administración local ya avanza que acudirá a la vía contenciosa.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el Ejecutivo liderado por José María González ‘Kichi’ insiste en que desde el Consistorio se mantiene que “tanto el pliego de condiciones como el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) son los que determinan el régimen de estas concesiones, en tanto que ni las normas urbanísticas así lo precisan y la transmisión de la titularidad de las concesiones no se ha efectuado”.
“Si bien es cierto que en su día se inició desde el Ayuntamiento un expediente de transmisión”, reconoce el bipartito, vuelve a defender que la intención era resolver, dentro de un mismo expediente administrativo y con los informes técnicos precisos, si la pretensión que ponían sobre la mesa desde la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA) y desde la delegación territorial de Medio Ambiente era contraria a la protección del medio natural, a las normas urbanísticas vigentes, al pliego de condiciones y a la libre concurrencia en un concurso, puesto que modificaba las condiciones tras su concesión.
“Esto ha resultado ser así y se dio por concluido el expediente con la no transmisión de las concesiones”, remarca por enésima vez el equipo de Gobierno de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común, enfatizando que “es el Ayuntamiento quien tiene potestad para iniciar y concluir un expediente de índole municipal, y no otra administración”.
Prueba de ello, se apunta, es que desde el Ayuntamiento gaditano “se han iniciado los expedientes tanto sancionadores como de restitución de la legalidad cuando estas concesiones han incumplido los términos previstos, y todo ello en base a las competencias que tiene la entidad local en la materia y referidas al pliego de condiciones en vigor y a las normas urbanísticas del PGOU”.
“QUE LOS CHIRINGUITOS CUMPLAN Y NO OBLIGUE A ACTUAR AL AYUNTAMIENTO”
El Gobierno local manifiesta que no tiene intención de “sancionar por sancionar, o retirar por retirar instalaciones”, por lo que, “habiendo quedado claro ya el orden jurídico y las normas de aplicación”, confía en que los concesionarios de estas instalaciones playeras “cumplan, de buena fe, los términos de la concesión y del PGOU y que no obliguen a actuar al Ayuntamiento”. Siguiendo así el pliego vigente, deberían desmontar los chiringuitos durante el invierno, entre otras medidas (los de Cortadura deben cerrar el 31 de octubre, y los de la Victoria y Santa María del Mar, el 30 de noviembre).
Evidencia el bipartito que “la libre concurrencia del procedimiento inicial de concesión debe de mantenerse” (un concurso que se llevó a cabo durante el anterior mandato, con el PP todavía en el Gobierno municipal), ya que “no posible mejorar unas condiciones durante una concesión porque provocaría que terceros pudieran ver vulnerados sus derechos o pretensiones”, siendo obligación municipal que los principios de igualdad y libre concurrencia primen en todas las concesiones administrativas municipales.
“De la misma manera que al inicio del mandato se tomaron decisiones como la prohibición de macroconciertos en la playa Victoria, apagar los focos nocturnos del paseo marítimo y, a continuación, la prohibición de las barbacoas en la noche del Trofeo, se mantiene esta línea de protección y preservación ambiental de las playas de la ciudad y de su ecosistema, fomentando su uso libre como espacio público y otras actividades sostenibles”, sentencian desde el actual Gobierno local.
