Diferentes representantes de los autodenominados ‘ayuntamientos del cambio’, entre ellos Cádiz, han acudido este jueves a Madrid para sumarse a la presentación en el Congreso de los Diputados por parte de Unidos Podemos de una de proposición de ley para la regulación de los alquileres abusivos y la mejora de las garantías y el acceso a la vivienda en alquiler.
Esta ley pretende, entre otros puntos, establecer limitaciones temporales a los precios de los alquileres, allí donde se estén produciendo incrementos “abusivos”, como ocurre en algunas grandes ciudades, entre otras cosas, por a proliferación de pisos turísticos.
Representando a la ciudad de Cádiz ha asistido la concejala de Vivienda, Eva Tubío, quien incide en que “en estos últimos años la burbuja de la especulación inmobiliaria se ha llevado por delante el derecho a la vivienda en España, una situación que se está trasladando a los alquileres y que está teniendo ya consecuencias, por lo que “esta propuesta de ley es más que necesaria”.
La iniciativa de Unidos Podemos tiene como principal objetivo “revertir algunas de las reformas que el PP llevó a cabo en 2013 y que han provocado que hoy vivir de alquiler sea cada vez más difícil para gran parte de la ciudadanía”, aclara esta edil de Ganar Cádiz en Común.
Entre estas reformas realizadas por la derecha figuran el paso de los contratos de cinco a tres años, el recorte de garantías para las personas arrendatarias o la exenciones fiscales para las Socimis, sociedades de inversión que especulan con el alquiler.
Así, para que el alquiler sea “una opción estable, asequible y segura para una mayoría de la población”, de entrada la ley de Unidos Podemos propone volver a los contratos de cinco años. Además, en el caso de grandes propietarios, contempla una medida antiespeculación: incluir la posibilidad de una prórroga obligatoria de otros cinco si la persona o familia inquilina ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.
Según se informan desde el Ayuntamiento de Cádiz a DIARIO Bahía de Cádiz, el texto también recoge la posibilidad de que los municipios, en coordinación con sus comunidades autónomas, puedan declarar áreas urbanas de mercado de vivienda tensionado, en las que, temporalmente y de forma justificada mediante criterios claros, pueda implementarse una regulación de precios que permita contener las rentas para evitar subidas abusivas en los alquileres.
Esta medida, como también el resto de la proposición de ley, pretende ser una herramienta para los ayuntamientos, que actualmente deben dar respuesta a la problemática del alquiler que afecta a sus ciudades, a sus barrios, a sus vecinos, sin un parque público de vivienda suficiente y sin prácticamente ninguna competencia ni capacidad legislativa.
