La compañía de las Hijas de la Caridad ha transmitido a la Fundación Educatio Servanda la titularidad, “y con ello, la gestión educativa”, del colegio María Milagrosa en Cádiz, más conocido como La Palma. CGT afirma que es una “curiosa fundación educativa” y ahora, que es el momento de renovar el concierto, entiende que la Junta “no debe pagar con dineros públicos este negocio, a una entidad privada con ánimo de lucro y que adoctrina en una versión integrista de la religión, mientras queda amenazada la continuidad de centros públicos enteros”.
La compañía de las Hijas de la Caridad ha transmitido a la Fundación Educatio Servanda la titularidad, “y con ello, la gestión educativa”, del colegio María Milagrosa en Cádiz, más conocido como La Palma, que cambiará su nombre, como ya hizo con la adquisición del colegio Santo Ángel de Puerto Real, pasando a llamarse Juan Pablo II y María Milagrosa.
La Fundación Educatio Servanda (la educación que debe ser conservada) dice no pertenecer “a ningún movimiento concreto ni realidad eclesiástica definida”. “Nace por la iniciativa de un grupo de familias cristianas que, procedentes de diferentes ámbitos sociales, y preocupadas por la situación educativa, deciden trabajar conjuntamente para edificar un modelo educativo propio”. Con este colegio concertado en la capital gaditana subraya que asume “con esperanza y con humildad el difícil reto y la responsabilidad de continuar la labor que las Hijas de la Caridad han venido desempeñando a lo largo de todos estos años”.
Sin embargo, desde CGT se remarca en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que Educatio Servanda “es una curiosa fundación educativa” presidida por un constructor, Juan Carlos Corvera, “vinculado al grupo ultracatólico scouts de Europa que ha crecido de manera meteórica desde se creación”. Se inscribió en el Registro de Fundaciones en diciembre de 2006 “y apenas un año y medio desde su inscripción, y sin acreditar experiencia educativa alguna la Comunidad de Madrid le concedió 26.000 metros cuadrados por 75 años para la construcción y gestión de un centro educativo privado concertado”. En la actualidad posee numerosos colegios repartidos por casi toda España.
Este sindicato insiste en que se trata de “una fundación vinculada a la versión más integrista del catolicismo y que ha crecido de la mano de las políticas privatizadoras de Esperanza Aguirre en Madrid y de su consejera de Educación Lucía Fígar”. Manifiesta abiertamente su preferencia por la segregación del alumnado por sexo (“aunque lo aplica según conveniencia, para no perder el dinero público de los conciertos educativos”). Una muestra de su ideología se recoge en su página web, contra los matrimonios homosexuales: “el firme rechazo a la regulación civil actual de las uniones de carácter conyugal entre personas del mismo sexo y nuestro deseo de que en el menor tiempo posible una nueva legislación recupere la verdadera naturaleza del concepto original definido con la palabra matrimonio”.
En el caso del colegio Santo Ángel de Puerto Real, del que se hacía cargo hace unos años, a pesar de tener la obligación de prestar un servicio público a todos los ciudadanos, sin distinción, por ser sufragado por fondos públicos, desde CGT revelan que solo se admite a los no católicos si estos firman lo siguiente: “comprendiendo y valorando la enorme contribución del humanismo cristiano a nuestra civilización, quieran transmitir a sus hijos estos valores, tengan un pleno respeto de su ideario y demuestren apreciar y compartir una propuesta educativa cualificada”. Y sigue: “así desde el colegio se promoverá la recepción de los sacramentos y la asistencia a la santa misa por parte de los alumnos y las familias”. Un “chantaje anticonstitucional a todas luces rechazable, porque además esta discriminación con respecto a las creencias religiosas o no de todas las personas, impone una de ellas y con dineros públicos”, se incide.
SE PIDE LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA EN ENSEÑANZA CONCERTADA
La Junta de Andalucía ha abierto recientemente el plazo para la renovación y creación de conciertos con centros privados. No sólo CGT sino la propia Inspección de Educación han venido confirmando lo innecesario de concertar en la ciudad de Cádiz, dada la reducción de la población escolar. En la capital, el curso pasado, por ejemplo, se ofertaron 1.075 plazas de 3 años para solo 888 peticiones.
“De renovarse todos los conciertos, o aún peor si se conceden nuevos, como ha pasado en los últimos años se está repercutiendo todo el recorte a la escuela pública que es la que pierde líneas e incluso centros”, se lamenta. Y por ello, este sindicato sigue instando a que se reequilibre la red de centros educativos de Cádiz, “reduciendo la oferta en enseñanza concertada, toda vez que sólo ha sido la red pública de centros escolares la única afectada por el cierre de centros y unidades educativas”.
“Esta es una buena oportunidad ya que el concierto actual del colegio La Palma ya no sirve porque debe firmarse uno nuevo con la nueva empresa. El PSOE en la Junta no debe pagar con dineros públicos este negocio, a una entidad privada con ánimo de lucro y que adoctrina en una versión integrista de la religión, mientras queda amenazada la continuidad de centros públicos enteros, como el Gadir por ejemplo”, sentencian desde CGT.
(puedes comentar esta información más abajo)
