Con la oposición (y muchos vecinos) cuestionando de forma reiterada el estado de limpieza de la ciudad de Cádiz, el Ayuntamiento ha abierto por fin un procedimiento sancionador a la concesionaria responsable, Valoriza, “aunque, ante la cantidad de denuncias que se han puesto en los últimos años por incumplimientos del pliego de condiciones, la medida llega excesivamente tarde”, apuntan desde CSIF, que, con todo, considera este paso una “buena noticia”.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, esta sección sindical en la contrata de basuras recuerda que lleva meses denunciando a la empresa tanto en prensa como ante la propia Área de Medio Ambiente, “incluyendo la aportación de datos y documentación que demuestran estos incumplimientos, y no solo del pliego, sino también del convenio”.
Además, considera que falta todavía un pronunciamiento por parte del equipo de Gobierno de Bruno García sobre otra denuncia contra Valoriza por supuestos trabajos prestado en otras localidades, dedicando recursos materiales y humanos costeados por el Ayuntamiento gaditano.
CSIF insiste en su interés en conocer la calificación que hace tanto la Mesa de Contratación como el Ejecutivo local sobre todos estos hechos. De hecho, subraya que “la acumulación de dos faltas graves en un período inferior a un año constituye motivo suficiente para la rescisión del contrato”.
“QUE SE FISCALICEN LOS EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS ABIERTOS A TRABAJADORES”
Por otra parte, y presuponiendo la confirmación de una multa a Valoriza por los diversos incumplimientos de las condiciones del contrato, este sindicato requiere también al Gobierno municipal una mayor fiscalización de los “expedientes contradictorios” abiertos al personal laboral de la concesionaria, “debido al temor de que dicha sanción la terminen pagando los trabajadores de su propio bolsillo a través de las sanciones impuestas a los mismos, como viene siendo habitual hasta ahora”.
“Si bien hasta este pliego de condiciones no existía un régimen sancionador contra la concesionaria, la última unión temporal de empresas, de la cual la actual concesionaria formaba parte, terminó su servicio bajo graves sospechas de presunta falsedad documental y supuesta estafa a la Seguridad Social sin que la ciudad tuviera conocimiento del resultado de dicha investigación”, apostillan desde CSIF.
LA OPOSICIÓN EXIGE TRANSPARENCIA
En paralelo, el PSOE local también ha presentado un escrito para solicitar copia de los procedimientos sancionadores abiertos a la empresa concesionaria, “incluyendo detalles sobre su apertura, desarrollo y resolución, en caso de que ya se hayan llevado a cabo”. De este modo, se reclama “transparencia en la gestión pública y mejorar el deficiente estado de limpieza de la ciudad, más sucia que nunca”.
Desde el principal partido de la oposición se han puesto sobre la mesa las deficiencias en cuanto a maquinaria, “puesto que aún no ha llegado la totalidad de las nuevas máquinas, entre otras cosas porque el PP ha tardado dos años en decidir si quería o no vehículos eléctricos”; o la falta de cumplimiento de las jornadas contratadas, “que trae consigo que no trabajan todos los empleados que deberían en el servicio diario”.
Mientras, Adelante Izquierda Gaditana sigue esperando que el equipo de Gobierno le remita el informe que solicitó a Medio Ambiente en abril, con objeto de conocer el funcionamiento de la concesionaria, así como el grado de cumplimiento del pliego, “ante el preocupante estado de suciedad permanente que presenta Cádiz y las denuncias de los propios trabajadores”.
La nueva contrata comenzó a funcionar en febrero de 2023, por diez años con un coste de casi 164 millones de euros, con IVA (prácticamente lo mismo que ya se estaba pagando a la anterior UTE Sufi-Cointer, 16,4 millones anuales). Valoriza presentó la oferta más costosa y peor valorada entre las tres licitantes: durante el tortuoso proceso de adjudicación se descartó la oferta ganadora de Cointer, por temeraria, y Acciona, la siguiente clasificada, optó por abandonar el concurso debido a su demora.
