La reedición del plan de inclusión social de la Junta, que pone en marcha el Ayuntamiento de Cádiz, ha recibido en esta ocasión 1.963 solicitudes para el centenar de contratos temporales (tres meses a tiempo parcial) ofertados para personas en riesgo de exclusión. La concejala de Fomento valora esta iniciativa, aunque reconoce que “es un parche dado el alto desempleo que existe en la ciudad”.
La reedición del plan de inclusión social de la Junta de Andalucía, que pone en marcha el Ayuntamiento de Cádiz, ha recibido en esta ocasión 1.963 solicitudes para el centenar de contratos temporales ofertados para personas en riesgo de exclusión.
Al respecto, la concejala de Fomento, Laura Jiménez, ha reconocido que este programa “es un parche dado el alto desempleo que existe en la ciudad” pero no por ello “podemos dejar de apostar por cualquier iniciativa que cree empleo, por pequeño que sea”. En esta ocasión, este supuesto plan de empleo contempla la contratación por parte del Consistorio, con fondos de la Junta, de 124 peones y 30 peones de jefatura de equipo durante tres meses a tiempo parcial.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, esta edil de Por Cádiz sí se puede subraya que “son planes que aunque no sean suficiente sirven para sumar y son necesarios, tan sólo hay que ver la gran demanda que han tenido”. Y ha incidido también en que además de los planes de empleo, hay que invertir en la “formación pues es una de las patas claves en el fomento del empleo en la que este Ayuntamiento va a seguir reforzando”.
Entre los requisitos necesarios para optar a uno de estos contratos, se encuentra el de estar empadronado en la capital, estar inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como demandante y no haber trabajo más de 90 días durante el año anterior a la solicitud.
El programa contempla dar prioridad a aquellas personas que formen parte de una unidad familiar donde el resto de sus miembros no hayan realizado actividad laboral de empleo durante al menos seis meses del año anterior a la fecha de solicitud, sea víctima de violencia de género, tenga declarada una discapacidad igual o superior al 33% o se encuentre en situación de dependencia o que la persona solicitante sea residente en Zonas con Necesidades de Transformación Social, entre otras cuestiones.
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