Sábado de movilizaciones coincidentes, en defensa de la sanidad pública en Andalucía y del derecho a una vivienda digna en todo el Estado español.
A la misma hora que en Sevilla se ha celebrado una importante manifestación a nivel autonómico bajo el lema ‘Contra el desmantelamiento de la sanidad pública’, frente a las políticas de recortes y privatizadoras de Moreno Bonilla, respaldada por diferentes partidos, sindicatos y colectivos desde Cádiz; en la capital gaditana se ha desarrollado entre la plaza de San Antonio y la de San Juan de Dios, quizá con menos respuesta de la que requeriría la cuestión, la marcha promovida por la plataforma Cádiz Resiste, sumándose a la jornada de protestas ‘Acabemos con el negocio de la vivienda’ convocada en diferentes puntos del país hartos de un problema cada días más sangrante.
Es la tercera gran acción que plantea Cádiz Resiste desde su constitución formal el pasado año para seguir indagando en la crisis habitacional que se sufre “generada por la turistificación y la mercantilización de la vivienda”, que ha alcanzado “el límite, impidiendo que Cádiz pueda ser una ciudad donde tener viviendas dignas y unos barrios vivibles, además de poner en riesgo el futuro del municipio por la pérdida paulatina de más de mil habitantes por año”.
Una problemática que no es específica de la capital gaditana, “es una dinámica consustancial al modelo económico que impera en todos los territorios del país, que antepone los beneficios de unos pocos frente a una vida digna para todos”. Por eso, la movilización de este sábado 5-A se ha repetido en otras ciudades del Estado, desde Vigo, Gijón, Valencia, Barcelona o Madrid, pasando por Jerez, Málaga, Sevilla o Granada, entre otras andaluzas.
“CÁDIZ NO SE VENDE”
A colación, Cádiz Resiste ha incidido en la necesidad de garantizar en Cádiz “el derecho a una vivienda digna para todos los vecinos, de cambiar un modelo productivo que no genera trabajos ni empleos dignos y defender una relación sostenible con nuestro entorno”. Y “ello sólo será posible si la ciudadanía y todos los vecinos salen a la calle y se movilizan”, advertía en su convocatoria, frente a una dinámica que “transforma Cádiz en un decorado que sirve como mercancía para turistas y de negocio para especuladores”.
Y en este escenario, esta plataforma ciudadana interpreta que las administraciones públicas y los distintos gobiernos locales, autonómicos o el estatal “han trabajado activamente para que la grave situación actual se perpetúe, no quieren atajar el problema estructural: la mercantilización de la vivienda y de nuestras ciudades”.
“El alcalde Bruno García se plantea el pelotazo urbanístico y el compadreo con el sector inmobiliario, véase el Grupo ABU, como la solución a la crisis de vivienda o trata con algodones a la patronal de los pisos turísticos (Convive Cádiz), que promueve desviar vivienda a usos turísticos en lugar de para el uso residencial de los vecinos; la Junta persiste en su negativa de reducir y retirar licencias de los pisos turísticos que inundan Andalucía a pesar de sus clamorosos anuncios; y el Gobierno de Pedro Sánchez continúa la senda de pedir solidaridad a los rentistas y especuladores y opta por regarles con ayudas y dinero público”, denuncian desde Cádiz Resiste en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
“ES FUNDAMENTAL QUE LOS INQUILINOS RESISTAN, SE ORGANICEN Y DESOBEDEZCAN”
Apoyando y arropando la manifestación en Cádiz ha estado el Sindicato de Inquilinas e Inquilinas de Cádiz, nacido hace apenas semanas, y que acaba de lanzar en la ciudad lo que llama brigadas inquilinas “para alertar e informar a los vecinos que viven con el miedo constante a un burofax de desahucio”.
A juicio de este sindicato, “la especulación inmobiliaria se extiende como un río de tinta por toda Cádiz y por toda su Bahía”. “La situación es insostenible”, apuntaba en la previa del 5-A, aseverando que “con el desahucio de Tamara (de un piso ocupado ilegalmente de Procasa), con el anuncio del Ayuntamiento de regular las viviendas de uso turístico (VUT) pero dejando fuera a los apartamentos turísticos y los alquileres de temporada, y las recientes noticias de nuevas VPOs inasumibles para cualquier persona trabajadora, se hace más necesario que nunca que la población inquilina de Cádiz y la ciudadanía en general se movilice”.
Es más, calcula que ahora mismo decenas de fincas y edificios enteros se encuentran en venta en la capital, “muchos de ellos con inquilinos dentro”. Y estima que “más de 30 familias están en riesgo inmediato de expulsión”. Como el caso que acaba de denunciar Adelante Izquierda Gaditana en la plaza Fragela.
“Para evitar que nuestra ciudad se convierta en un parque turístico, y tengamos más viviendas turísticas, hoteles y apartamentos turísticos que vecinos, es fundamental que los inquilinos resistan, se organicen y desobedezcan las expulsiones. Si es necesario impulsar una huelga de alquiler para que un propietario no se atreva a vender el bloque a otro inversor, la haremos”, ha dejado caer el Sindicato de Inquilinas de Cádiz.
“EL DERECHO A LA VIVIENDA NO PUEDE ESTAR SUPEDITADO AL MERCADO”
Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos (Apdha), parte activa de la convocatoria gaditana, subraya que la ciudadanía, “protagonista” de la protesta, está “indignada por la imposibilidad de acceder a una vivienda sea en compra sea en alquiler. Indignada también por la falta de políticas para resolver el que es primer problema en nuestro país y en nuestra zona. Indignada porque las pocas leyes existentes no se aplican por las administraciones competentes, por intereses económicos a favor de los rentistas”.
“La especulación y el negocio siguen siendo una realidad cruel del mercado de la vivienda que acaba e impide el acceso a un hogar digno que es un derecho inalienable de todas las personas. El derecho a la vivienda no puede estar supeditado al mercado y a los negocios de fondos buitres y grandes tenedores”, repite este colectivo.
Así, aprovechando la manifestación, la Apdha insiste en que “es imprescindible actuar en varios frentes” para abordar una situación ya “intolerable”.
Por un lado, legislar “más y mejor para evitar la especulación y permitir el acceso a la vivienda”; obligar a que se declaren las zonas tensionadas que permite la ley estatal que boicotea el PP en la Junta para proceder a regular el precio de los alquileres; impedir que se siga privatizando suelo público y vendiendo patrimonio de viviendas públicas; apostar por la creación de un potente parque público de viviendas, priorizando el alquiler social; impulsar la movilización de las viviendas vacías; la reforma de los parques públicos de vivienda, que en general son muy antiguos; controlar la vivienda de uso turístico (VUT) , así como los apartamentos, persiguiendo los ilegales, y en el caso de Cádiz establecer “de forma inmediata” una moratoria de concesiones de estos negocios; y además, la protección contra desahucios, “que no se deben ejecutar sin alternativa habitacional”, como ha ocurrido estos días en la misma ciudad con Tamara.
