El Ayuntamiento de Cádiz ha celebrado en la víspera de Nochevieja un último pleno del año 2025, extraordinario, para aprobar de forma definitiva dos “imposiciones” del Gobierno de España, según el relato del Gobierno local del PP, que se ha quedado solo dando luz verde a una nueva tasa de residuos sólidos urbanos y a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad.
Empezando por el segundo punto: las ZBE están contempladas en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes (la mayoría van tarde y presionados a última hora por la posible pérdida de subvenciones europeas) a contar con esas áreas donde se aplican restricciones de acceso y circulación de vehículos para mejorar la calidad del aire.
En el caso de la capital gaditana, como ya esbozó en el anterior mandato el gobierno izquierdista, afectará al casco histórico y al paseo marítimo. Aunque el actual Gobierno de Bruno García ha optado por un modelo menos “restrictivo y drástico”: de pensarse en permitir únicamente el “tráfico de necesidad” a no aplicar ningún tipo de limitaciones a los residentes, contaminen poco o mucho sus coches.
Un proyecto “de sentido común” que “no confronta” a peatones con conductores, ha defendido la derecha en el pleno. “En Cádiz tenemos una calidad de aire muy buena y cumplimos ya en 2025 con los objetivos que se marcan para todas las ciudades en el año 2030, por lo que no era necesario aplicar criterios demasiados restrictivos, como sí se planteaban en el anterior modelo y en algunas de las alegaciones que se han desestimado. Por ello, nuestra prioridad va a ser la de proteger a las personas residentes en nuestra ciudad”, se ha repetido.
Por su lado, la oposición ha votado en contra de esta ZBE “falta de ambición y con miedo a la participación”, según el PSOE; y que llega “tarde y mal”, y se considera “conformista, una oportunidad perdida”, para Adelante Izquierda Gaditana.
SEIS MESES DE CORTESÍA
La entrada en vigor de la ordenanza que regula esta Zona de Bajas Emisiones se producirá en unas semanas, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), y desde entonces se iniciará un período de pruebas de seis meses y de información a la ciudadanía. Durante ese medio año no habrá multas.
En este período de adaptación se pondrán ya en marcha las cámaras y el software de gestión y control de la ZBE (en el que se han invertido 2,3 millones de euros, principalmente fondos Next Generation logrados en el pasado mandato), y los conductores podrá saber que se está entrando en zona restringida gracias a la cartelería.
SOLO HAY RESTRICCIONES PARA VISITANTES Y TURISTAS
Esta ZBE se aplica por un lado al interior del centro histórico (descartando la circunvalación) y, por otro lado, al paseo marítimo en el tramo comprendido de algo más de un kilómetro en dirección Cortadura y ya semipeatonalizado entre el hotel Playa Victoria y la calle Caracola.
El anterior gobierno liderado por José María González ‘Kichi’ pretendía que solo pudieran circular por esas áreas vehículos con etiqueta Eco y Cero, tanto de vecinos y como de visitantes; y el PP, finalmente, para que no se enfade ningún potencial votante, pasa a ser totalmente permisivo con los empadronados en la ciudad.
De este modo, podrán seguir circulando por las zonas restringidas los vehículos de residentes en todas las categorías de etiquetas o los que carecen de ella, con coches antiguos o nuevos. Sin embargo, en su primer año de aplicación, ya empezará a haber restricciones (y multas pasados los primeros seis meses) para los de no empadronados en la capital: si quieren acceder a calles del centro o al paseo marítimo deberán tener los distintivos Eco, Cero o C, de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Y a partir de 2027 el criterio será el mismo, salvo que se aumenta la restricción para los de fuera de Cádiz también en el caso de los vehículos con etiqueta C: ya no se podrá acceder a la ZBE con dicha etiqueta.
Además, tampoco se verán afectados ni los vehículos de carga y descarga, ni los taxis ni las personas con movilidad reducida, entre otros.
La multa acordada en la ordenanza es de 200 euros por incumplimiento, que puede aumentar en un 30% en el caso de reincidencia durante un año.
SEÑALES, CÁMARAS Y ESTACIONES METEOROLÓGICAS
Para la implantación de las ZBE se han instalado cámaras en diferentes puntos. del total de 48 de control de acceso, 26 están ubicadas en intramuros y seis en el paseo marítimo; y 16 se utilizarán para controlar el aforo de tránsito de vehículos.
Igualmente, se han instalado cuatro estaciones meteorológicas y ocho equipos de monitoreo ambiental mediante nanosensores. Esta tecnología tiene como objetivo medir la calidad del aire y conseguir que Cádiz “evolucione hacia un modelo de ciudad donde la ciudadanía puede pasear y respirar un aire con bajos niveles de contaminación”.
Todo se completa con alrededor de un centenar de señales específicas, tanto en todos los accesos de la ZBE como en aquellos lugares más conflictivos, y que se complementarán con cartelería para avisar a los conductores de que se están aproximando al área protegida.
Y NUEVA TASA DE BASURAS
En este pleno extraordinario, también en solitario, el PP ha aprobado de forma definitiva la creación de una nueva tasa de residuos sólidos urbanos, apelando al mantra de que se trata de una “imposición” del Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque la realidad es que está contemplada en la Ley estatal 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados, y es necesaria para cumplir los compromisos europeos en materia de gestión de residuos, y esquivar posibles sanciones. Básicamente supone un incremento de la factura.
La normativa obliga a los ayuntamientos a que el cobro de esta tasa venga a cubrir todo el coste del servicio de recogida, transporte y tratamiento de las basuras. En el caso de la capital gaditana, supone un gasto anual de más de 11 millones de euros, y se viene recaudando poco más de 7,5 millones de euros. O sea, hay que imputar a ciudadanos y empresas otros 3,5 millones más.
El Ejecutivo de Bruno García asegura haber analizado distintos escenarios para alcanzar esos 3,5 millones más de recaudación, y ha optado “por el que tiene una menor incidencia en el bolsillo de los vecinos”.
Así, se establecen subidas mensuales para las viviendas que van de los 1,73 euros, 2,04 euros, y hasta 4,54 euros, dependiendo de su valor catastral, y de hasta 15 euros al mes para los negocios.
La oposición ha rechazado de nuevo la tasa tal y como la plantea el PP, en el caso del PSOE porque entiende que le faltan “bonificaciones” que sí existen en otros municipios; mientras AIG ha cuestionado que se centra únicamente en aumentar la recaudación, no contempla ninguna mejora del servicio ni el fomento del reciclaje.
