Adelante Izquierda Gaditana ha vuelto a plantear que se implante una tasa turística en Cádiz, que, según sus cálculos, “supondría recaudar como mínimo 4 millones de euros al año” para las arcas del Ayuntamiento. Se trata de un pequeño impuesto (apenas unos euros) que las personas que viajan abonan directamente en el alojamiento.
En este sentido, el portavoz municipal izquierdista, David de la Cruz, ha pedido al alcalde del PP, Bruno García, que exija a la Junta de Andalucía, con gobierno también de derechas, que permita a los municipios poner en marcha esta tasa turística por pernoctaciones, “una medida muy extendida en países europeos y en varias ciudades españolas”.
De la Cruz reclama al nuevo primer edil gaditano que “no se quede de brazos cruzados ante esta oportunidad para la ciudad” y que reivindique ante la administración autonómica que permita a los municipios implantar dicha tasa “para que en Cádiz pueda garantizarse así que el turismo contribuya al sostenimiento de los servicios públicos, toda vez que soportan un notable desgaste por la presión turística y el aumento de población flotante”.
“En todos los lugares donde se ha implantado no ha descendido por ello el número de turistas, y eso es importante tenerlo claro. De lo que se trata es de que el turismo aporte a todos los vecinos, y que se beneficie la ciudad en su conjunto y no sólo unos cuantos como ocurre ahora”, expone desde este partido de la oposición.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el portavoz de AIG sostiene en que la capital gaditana actualmente supera los dos millones de pernoctaciones al año gracias a las más de 17.400 plazas turísticas oficiales inscritas en la Junta entre hoteles, apartamentos y pisos turísticos. “Todo el que haya viajado a otros puntos de Europa y de España sabe lo extendida que está la tasa turística, y nos preguntamos por qué la Junta impide que Cádiz la implante cuando la ciudad podría obtener más de 4 millones de euros al año por este concepto para mejorar servicios públicos”, reitera.
“ES FUNDAMENTAL TRABAJAR LA SOSTENIBILIDAD DEL TURISMO PARA QUE NO AMENACE EL DERECHO A LA VIVIENDA”
Para la coalición de izquierdas en el Ayuntamiento de Cádiz es “fundamental” trabajar la sostenibilidad del turismo “para que no amenace el derecho a la vivienda”, y se recuerda que en esa línea se introdujo en el anterior mandato (con gobierno de Adelante Cádiz) una regulación municipal (a partir de una modificación puntual del PGOU) para tratar de frenar la proliferación de pisos turísticos, principalmente en el centro histórico: “una regulación que, precisamente, fue votada en contra por el PP hasta en tres ocasiones y que, de hecho, fue recurrida en los tribunales por la propia Junta cuando Bruno García era parlamentario por el PP”.
“Es evidente que genera gran desconfianza que los que ahora tengan que velar por el control de los pisos turísticos sean quienes han votado en contra de esa regulación y quienes han ido contra ella llevándola a los tribunales. Eso evidencia por qué ha crecido de nuevo en lugares donde no debía el número de pisos turísticos ante un equipo de Gobierno de brazos cruzados que sólo ha reaccionado cuando ha visto que la opinión pública se le volvía en contra y que barrios tan populares como La Viña van camino de quedarse sin vecinos”, afirma el portavoz de AIG (de hecho, el Consistorio ha pedido estos días a la Junta, administración competente, que dé la baja de todas las VFT dadas de alta en 2023 incumpliendo la normativa municipal). Y así, vuelve a calificar de “inexplicable” que ya el nuevo Gobierno del PP haya eliminado del documento Agenda Cádiz 2030 la referencia a que Cádiz es una zona tensionada de vivienda.
En esta línea, se acusa otra vez a Bruno García de “negar el evidente conflicto que genera el aumento de la presión de los pisos turísticos en la ciudad sobre el derecho a la vivienda, y cómo afecta ese aumento descontrolado del turismo a las posibilidades de gaditanos de encontrar una vivienda”.
Adelante Izquierda Gaditana sentencia que es “indispensable” trabajar en la sostenibilidad del turismo en Cádiz, en su regulación, en que no afecte negativamente al derecho a la vivienda y en que deje beneficios no sólo para el sector privado, sino también para mejorar los servicios públicos de la ciudad “como ocurriría con la implantación de la tasa turística”.
