Un día después del accidentado pleno ordinario de octubre, interrumpido a medias por las protestas de las trabajadoras de ayuda a domicilio y de la empresa de aparcamientos Emasa, y el consecuente plantón de la oposición, el Ayuntamiento de Cádiz celebraba un nuevo pleno, en este caso extraordinario para aprobar la modificación de varias ordenanzas fiscales.
Y entre ellas figura una medida que en la teoría busca incentivar la puesta en el mercado de muchas de las casas que permanecen vacías en una ciudad (se calcula que unas 5.000) cuyo principal problema es la paradójicamente falta de vivienda (asequible) para sus vecinos: un recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los dueños que, “sin justificación válida”, acumulan casas desocupadas con carácter permanente. PP y PSOE han votado a favor, y Adelante Izquierda Andalucía se ha abstenido.
Dicha penalización se adapta a la Ley estatal 12/23 por el derecho a la vivienda que tanto critica la derecha. De este modo, se modifica la regulación de dicho recargo definiendo conceptos como el de vivienda desocupada, que antes no aparecía y se remitía la normativa sectorial y las causas de justificación para la desocupación. Además, establece distintos porcentajes de incremento en función de la duración de la desocupación o el número de viviendas en el municipio afectado.
Sin esta modificación, precisa la concejala de Economía y Hacienda, Maite González, “el recargo que está regulado en la actual ordenanza municipal es inaplicable ya que no está adaptado a la Ley de Viviendas citada”.
HASTA UN 150% DE RECARGO EN EL IBI
Por tanto, se detalla en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, con esta modificación de la ordenanza, en su artículo 14 se especificará que “los bienes inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente con los criterios establecidos en este artículo quedarán sujetos a un recargo de un 50% de la cuota líquida de este impuesto”.
A partir de ahora tendrá la consideración de inmueble vacío en Cádiz “aquel que permanezca desocupado de forma continuada y sin causa justificada por un plazo superior a dos años, y pertenezcan a titulares de cuatro o más inmuebles de uso residencial”; casas que pueden estar en la propia capital gaditana o en otros municipios.
Además, el recargo será de un 75% del IBI anual cuando el periodo de desocupación sea de cuatro a cinco años y del 100% a partir del sexto año.
Igualmente, el porcentaje de recargo que corresponde con arreglo a lo señalado en los apartados anteriores se incrementará en un 50% adicional en caso de pisos pertenecientes a titulares de dos o más inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados en el término municipal de Cádiz.
“BUSCAMOS QUE EL MERCADO DE ALQUILER SE MUEVA”
“Hemos propuesto esta modificación ya que el recargo del IBI sobre las viviendas vacías se instaura como una medida para incentivar la puesta en el mercado de las viviendas no ocupadas y, aún más, con el problema de vivienda existente en nuestra ciudad”, ha defendido González en su exposición en el pleno.
A decir de esta concejala popular, “buscamos movilizar las viviendas vacías y que el mercado de alquiler se mueva”. Además, interpreta que esta amenaza sobre los propietarios que acumulan casas “supone un nuevo instrumento para aumentar la oferta de vivienda residencial y moderar los precios”.
El momento de aprobación de esta ordenanza, ha añadido, “es idóneo ya que con la nueva aplicación del Padrón, que se está integrando con los datos del catastro, debería ser posible en breve sacar los inmuebles de uso residencial que están desocupados en la ciudad, entendiendo como tal aquellos en los que no hay ninguna persona empadronada”.
OTROS PUNTOS DEL PLENO
Por otro lado, en este pleno extraordinario también ha salido adelante de manera inicial la modificación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible para su adecuación a la demorada implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y de la ordenanza reguladora de la misma; una medida obligada para municipios de 50.000 habitantes en base a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética; con el no de AIG que entiende que “tal y como está planteada, no sirve absolutamente para nada” y la abstención de los socialistas).
La aplicación de esta ZBE, que el Gobierno de Bruno García ha descafeinado con respecto a lo que planteó en el pasado mandato el ejecutivo izquierdista de José María González ‘Kichi’, seguirá implicando al interior del casco histórico y al tramo de paseo marítimo ya peatonalizado, pero solo afectará a los vehículos contaminantes de no residentes.
Asimismo, esta vez sí por unanimidad, se ha dado el visto bueno al Plan de Actuación Local ante el riesgo de maremotos. Este documento se ha elaborado siguiendo los contenidos que marca el Plan de Emergencias de Andalucía, en el que se va a integrar. El siguiente paso será conseguir ser homologado por la Junta.
En paralelo, se prepara para el 20 de noviembre un primer simulacro de tsunami a gran escala en la ciudad (hasta ahora se han llevado a cabo casi exclusivamente con escolares), con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre el plan de actuación en caso de emergencia.
