El Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta insiste en ver en la futura Ciudad de la Justicia de Cádiz un espacio permanente de estudio, documentación y difusión dedicado al origen del Tribunal Supremo de España y de Iberoamérica, fundado en la capital gaditana en 1812, con sede en el Palacio de los Marqueses de Recaño (hoy museo del Carnaval): “no solo sería justicia histórica, sino una apuesta por proyectar a la ciudad como referente jurídico internacional”.
Una idea que, de aceptarse, se podría ir fraguando sin prisas, ya que esta demorada Ciudad de la Justicia, ahora localizada en los suelos cedidos por el Ayuntamiento en los antiguos depósitos de tabaco, no se espera que sea realidad hasta entrado el año 2030, y siendo optimistas.
Recientemente, el mismo consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, se jactaba de “cumplir” al anunciar la primera piedra para este 15 de diciembre. Aunque la realidad es que lo anunciado son simples “trabajos preparatorios” por unos 130.000 euros, para un proyecto que en global, según los últimos cálculos, absorberá a medio y largo plazo cerca de 330 millones de euros de fondos públicos.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el Colegio de Graduados Sociales concreta que ha dirigido diversas comunicaciones al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, y a su consejero de Justicia; y a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, María Isabel Perelló Doménech, con el propósito de recabar el máximo apoyo institucional a su propuesta, sobresaliendo su “valor histórico y jurídico”.
En dichos escritos se destaca que la proyectada Ciudad de la Justicia abre “una oportunidad histórica para dotar al complejo judicial de un contenido institucional que reconozca la profunda raíz constitucional y jurídica de nuestra ciudad”.
“CÁDIZ DEBE VOLVER A OCUPAR EL LUGAR QUE MERECE EN LA HISTORIA JURÍDICA”
El presidente del Colegio, José Blas Fernández, recuerda que “Cádiz fue la sede del primer Tribunal Supremo de España y de las provincias de ultramar, en plena vigencia de la Constitución de 1812, con una composición integrada por representantes de todos los territorios de la monarquía. Fue un hito de enorme trascendencia que convirtió a Cádiz en un nodo jurídico internacional y en el origen común de los actuales tribunales supremos de Iberoamérica”
Con este antecedente, se propone que la futura Ciudad de la Justicia de Cádiz incorpore un observatorio, centro de estudios o centro de documentación sobre constitucionalismo y justicia iberoamericana, que permita: conservar y difundir el legado del primer Tribunal Supremo nacido en Cádiz; crear un espacio de cooperación jurídica entre España y los países de Hispanoamérica; atraer congresos y actividad académica de alto nivel en Derecho Constitucional e Historia del Derecho; e integrar esta dimensión histórica en un complejo judicial moderno y con vocación de servicio público.
“Hemos solicitado el apoyo de las máximas autoridades institucionales del ámbito jurídico porque esta iniciativa no es solo un reconocimiento histórico: es una oportunidad para que Cádiz recupere y proyecte un legado que pertenece a toda España y a toda Iberoamérica”, reitera el que fuera además concejal del PP durante décadas en el Consistorio gaditano.
Para José Blas Fernández, la ansiada Ciudad de la Justicia de Cádiz “tiene que mirar al futuro, pero también a sus raíces. Y pocas ciudades en el mundo pueden acreditar ser la cuna del constitucionalismo moderno y del primer Tribunal Supremo que sirvió de referencia a los países hispanoamericanos”.
En la carta dirigida a la presidenta del TS y del CGPJ, se insta incluso a una reunión institucional para trasladar personalmente el proyecto, subrayando que su apoyo sería “de enorme valor, al tratarse de la institución que encarna directamente el legado histórico que nació en Cádiz hace más de dos siglos”.
“Es el momento de que Cádiz, una ciudad que fue origen de tantas instituciones esenciales del Estado de Derecho, vuelva a ocupar el lugar que merece en la historia jurídica de España y de Iberoamérica”, sentencia el máximo responsable del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz.
