El calor acentuado por los efectos del cambio climático hace que el desarrollo de la actividad en los colegios “se haga muy difícil” para docentes y alumnado. Frente a ello, la Junta aprobó en 2020 la Ley de Bioclimatización que apenas ha desarrollado, y ahora saca unas instrucciones con las que se lava las manos.
La concejala de Enseñanza del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández, ha calificado de “parche” la solución planteada desde la Junta de Andalucía a los centros escolares ante la subida de las temperaturas, y que básicamente consiste en adelantar la hora de salida: “vuelve a hacer caso omiso a sus responsabilidades dejando la decisión a las direcciones de los propios centros”.
“No se puede consentir que una vez más los centros sean quienes tomen la decisión de salir antes o después, sobre todo cuando la Junta no está cumpliendo ni con sus competencias ni con sus responsabilidades al no ejecutar lo que ellos mismos calificaron como la mayor apuesta de la historia por la bioclimatización y las energías renovables”, ha lamentado esta edil de Adelante Cádiz.
En este sentido, recuerda que en 2020 el Parlamento andaluz aprobó una ley, que entró en vigor el 21 de julio de ese mismo año, para mejorar las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos públicos con técnicas bioclimáticas y de energías renovables. Sin embargo, casi tres años después “apenas sabemos del desarrollo de esta ley y mucho menos del plan que anunciaron con una inversión de 140 millones de euros en 400 centros”.
A cambio de este plan, el Gobierno autonómico de derechas, adentrada esta primavera más calurosa de lo normal, propone adelantar la hora de salida en los colegios, lo que para Fernández supone en primer lugar “un deterioro de la educación” y en segundo “un ataque directo a la conciliación laboral y familiar, puesto qué van a hacer las familias si tienen que ir a recoger sus hijos a las doce de la mañana”.
De este modo, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la edil de Enseñanza insta a la Junta a que asuma “sus competencias y su responsabilidad” con la escuela pública y “agilice los trámites” para iniciar las obras necesarias en los distintos centros para que reúnan las condiciones adecuadas para la impartición de clases frente a las altas temperaturas, acentuadas por los efectos del cambio climático: “todo lo demás son parches momentáneos que no solucionan nada”.
USTEA Y CSIF TAMBIÉN DENUNCIAN EL PROCEDER DE LA JUNTA
Las medidas de la consejería de Educación (ahora llamada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional) se limitan a la publicación de un protocolo y unas instrucciones que “no aportan ninguna solución y descargan la responsabilidad en la comunidad educativa y particularmente en el profesorado”, coinciden en cuestionar desde Ustea y CSIF.
Para Ustea, “se trata de otra muestra de dejación de funciones y del desinterés del gobierno de la Junta respecto a la educación pública de Andalucía”. Y más allá de protocolos de emergencia, incide en que existe esa Ley de Bioclimatización de los centros educativos “que sigue sin aplicarse tras tres años desde su publicación y entrada en vigor”. “Exigimos a la consejería que asuma sus responsabilidades y tome inmediatamente medidas para proteger a la comunidad educativa. No pueden volver a repetirse estas situaciones y no debe pasar ni un día más sin que se aplique la Ley de Bioclimatización que tanto esfuerzo costó a la comunidad educativa”, repite.
De la misma forma, CSIF reclama diligencia para materializar la Ley de Bioclimatización, “que está guardada en un cajón, mientras los colegios viven el ‘día de la marmota’ cada año cuando llegan las altas temperaturas”. En este sentido, este sindicato (ahora primera fuerza sindical de la enseñanza pública andaluza) exige “la adopción urgente de soluciones y medidas estructurales, así como de una respuesta conjunta y coordinada de las administraciones implicadas, tanto la autonómica como las corporaciones locales”. En esta línea, se alude al “incumplimiento sistemático” de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sobre las temperaturas que se deben mantener en los centros de trabajo, y que no deben superar los 27 grados como máximo.
