El hecho de que el Gobierno gaditano liderado por Bruno García haya empezado a sondear la posibilidad de resolver el contrato con Valoriza, la empresa que explota el servicio de limpieza y recogida de basuras desde principios de 2023 (por unos 170 millones de euros por diez años), no ha pasado por alto para la oposición ni para sindicatos y colectivos, que vienen poniendo en cuestión la fiscalización de la contrata de forma reiterada.
De hecho, desde hace meses se estaría tramitando un expediente sancionador que podría alcanzar casi el millón de euros de multa ante “graves” incumplimientos del pliego de condiciones. Y la ciudad continúa padeciendo los mismos problemas eternizados de limpieza.
PSOE: “EMPEZAR DE CERO SUPONDRÁ UN CALVARIO AUN MAYOR PARA LOS GADITANOS”
Al respecto, desde el PSOE ya se concluye que si el Gobierno local del PP rompe este contrato, “será la constatación definitiva del fracaso en la gestión de Bruno García”, y es que “no es una solución valiente, sino que demuestra que no sabe gestionar y no ha estado, ni de lejos, pendiente de si la empresa concesionaria estaba prestando bien el servicio o no”.
El portavoz municipal socialista, Óscar Torres, advierte de la gravedad de romper con la contrata, ya que “nos aboca a empezar de cero”. Esto significa, “iniciar un nuevo proceso de licitación que puede durar un año y medio o dos años, un tiempo que para la ciudadanía supondrá un calvario aun mayor del que están viviendo, con un servicio de limpieza en precario y sin garantías”.
Además, el principal partido de la oposición incide en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz en que se viene advirtiendo “en repetidas ocasiones” de las graves deficiencias del servicio de limpieza: “lo hemos denunciado: no se estaban cumpliendo las jornadas, no se estaban prestando los servicios adecuados en los barrios, faltaba maquinaria esencial que recogía el contrato…”.
“Advertimos de todas estas deficiencias mientras Bruno García miraba hacia otro lado”, se queja Torres, quien vuelve a acusar al alcalde del PP de “no estar en las cosas de la ciudad: cada hora que le dedica a la vida interna de su partido y a sus estrategias orgánicas, se la quita a la gestión de Cádiz”.
AIG: “ES UNA VERGÜENZA QUE HAYAN PERMITIDO QUE LA EMPRESA INCUMPLA TAN ALEGREMENTE”
Mientras, para Adelante Izquierda Gaditana, “la concesionaria se está cachondeando del equipo de Gobierno y, al mismo tiempo, el alcalde se está riendo de la ciudad, que nunca ha estado tan sucia”. Es más, esta formación de la oposición responsabiliza directamente al Ejecutivo de derechas del “deterioro del servicio”, ante su “falta de control y fiscalización”.
“Es una vergüenza que Bruno García y su concejal de Medio Ambiente, José Carlos Teruel, hayan permitido, durante meses y meses, que la empresa incumpla tan alegremente el contrato, sin que hasta el momento se le hayan interpuesto sanciones ni se haya tomado ningún tipo de medida. A pesar de las numerosas quejas y denuncias tanto de la oposición como de la propia ciudadanía por el estado de suciedad de la ciudad, han permanecido de brazos cruzados, y así no se gestiona una ciudad ni se defienden los intereses de los gaditanos”, lamenta el portavoz municipal de AIG, David de la Cruz.
De hecho, la coalición izquierdista recuerda que el pasado abril requirió formalmente a Medio Ambiente un informe sobre el grado de cumplimiento del pliego, y siete meses después, todavía no ha recibido respuesta, “lo que supone otro claro ejemplo más de la vulneración del derecho fundamental de acceso a la información pública por parte de Bruno García y su equipo”.
Ante el “despropósito mayúsculo” de Valoriza con el cumplimiento del contrato de limpieza y ante la “falta de gestión, fiscalización y transparencia” del Gobierno local, AIG avanza que presentará al pleno de noviembre una moción para reclamar al Ayuntamiento que exija “de forma inmediata” a la contrata que subsane “todos los incumplimientos detectados”, demandándole al mismo tiempo “un plan de actuación detallado, evaluable y público”.
Entre otros puntos, se instará al Ejecutivo popular a activar “todos los mecanismos de control municipal posibles” para garantizar que el servicio público de limpieza se presta “con calidad, con respeto a la plantilla y con criterios de sostenibilidad”; al tiempo que aplique “sin excepción” las penalidades previstas en el contrato.
Y en caso de persistencia o gravedad de los incumplimientos, “el equipo de Gobierno deberá iniciar el procedimiento para una posible resolución del contrato”. Eso sí, garantizando en todo momento “la continuidad del servicio”, subraya De la Cruz.
CSIF: “NOS TEMEMOS QUE VALORIZA INTENSIFIQUE LAS SANCIONES ARBITRARIAS CONTRA LA PLANTILLA”
Por su parte, la sección sindical de CSIF en Valoriza (que ya formaba parte de la anterior UTE) ha acogido con satisfacción la posibilidad de esa resolución del contrato, ante una empresa que “está incumpliendo el pliego de manera voluntaria y continuada”.
“Es incomprensible que se mantenga un contrato con el modelo actual, teniendo en cuenta que la actualización de precios, suponiendo una ampliación real de 1,5 millones de euros en el presupuesto, no ha repercutido directamente en el servicio de forma visible (falta de herramientas, mangueras rajadas, ausencia de vehículos y maquinaria…)”, evidencia este sindicato.
Para CSIF lo que preocupa a la plantilla son los incumplimientos tanto del convenio colectivo como del propio pliego de condiciones por parte de la empresa. Pero esta sección sindical se teme que, ante esta posible ruptura de contrato, y conociendo la política de penalización de la concesionaria, la respuesta de la misma sea intensificar las sanciones sobre los trabajadores en lugar de asumir responsabilidades. En este punto, se remarca que el personal “acumula ya más de 900 jornadas sin empleo y sueldo mediante expedientes disciplinarios”.
Finalmente, advierte de que seguirá denunciando cualquier irregularidad, “no habiéndose pronunciado al respecto ninguna otra parte perteneciente al comité de empresa”, y espera “que se dé un paso firme y decisivo para instaurar un servicio digno para Cádiz y proteger a sus trabajadores”.
“LA EMPRESA CONTINÚA INCUMPLIENDO EL CONTRATO”
Precisamente representantes de CSIF compartían días atrás con Facua que la concesionaria continúa sus incumplimientos, y que esa constante sensación de falta de limpieza en la capital es todavía más evidente en barrios de extramuros como La Paz, Guillén Moreno, Loreto o Puntales.
Entre otros puntos, se resaltó que a pesar de que en el último año se han incorporado al servicio nuevos vehículos y equipamientos, éstos, por distintos motivos, no se encuentran aun plenamente operativo, lo que obliga a seguir utilizando máquinas con más de 25 años de uso.
Asimismo, se denunció la merma de la plantilla, tanto por el incumplimiento del número mínimo de trabajadores del que la empresa debe disponer atendiendo a las condiciones del pliego, como por la falta de remplazo de aquellos de baja por enfermedad o porque se les ha sancionado con la suspensión de empleo y sueldo, “recurso que Valoriza utiliza torticeramente como herramienta para el ahorro de costes laborales”.
En paralelo, Facua, como asociación de consumidores, volvió a reclamar que la prestación de servicios públicos municipales “debe realizarse de forma directa, en cualquiera de las formas que habilita para ello la normativa vigente”, dado que situaciones como las que se están produciendo en la limpieza en Cádiz “vuelven a demostrar que la prestación de los servicios públicos mediante la firma de contratos de concesión perjudica gravemente los intereses de la ciudadanía”.
