La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, también llamada Oficina Andaluza Antifraude, adscrita al Parlamento andaluz, ha admitido a trámite e iniciado la investigación pertinente a raíz de la denuncia que presentó meses atrás Izquierda Unida en la ciudad de Cádiz por el posible conflicto de intereses entre la concejala de Vivienda, Ana Sanjuán (del PP), y los vínculos familiares que mantiene con los propietarios del suelo conocido como Casitas Bajas, donde parte del mismo es propiedad municipal.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el portavoz de IU Cádiz, Raúl Láinez, recuerda que la promotora relacionada con esta concejala popular, a través de su marido, solicitó al Consistorio que no promueva vivienda pública en su parte de aprovechamiento y enajene su suelo en Casitas Bajas al objeto de poder adjudicárselo, y poder hacer negocio inmobiliario con toda la parcela.
“Cuestión que precisamente está defendiendo e impulsando la propia Sanjuán, como presidenta de la empresa municipal de vivienda, Procasa y concejala, por lo que el conflicto de intereses es más que probable”, considera esta formación integrada dentro de la coalición municipal Adelante Izquierda Gaditana.
Además, desde que IU presentase en febrero la denuncia en la Oficina Antifraude hasta ahora, “ni el alcalde Bruno García ha dado explicaciones más allá de lanzar balones fuera, y ha mantenido en reiteradas ocasiones su determinación de seguir con la venta del aprovechamiento municipal de Casitas Bajas”.
“EL ALCALDE DEBE RETIRAR A SANJUÁN LAS COMPETENCIAS DE VIVIENDA”
Para Láinez, el hito que supone la admisión a trámite y la investigación del asunto debe conllevar que el alcalde gaditano del PP “tome su primera decisión en estos dos años y medio de mandato, que es retirar de las competencias de vivienda a una persona con un más que posible conflicto de intereses entre lo público y el negocio familiar”.
“Ni es ético ni responsable que en una ciudad que sufre la falta de vivienda pública y en la que las familias tienen muy difícil el acceso a un hogar digno, estas políticas las dirijan las promotoras privadas directamente, por lo que Bruno García debe dar explicaciones de todo esto”, reiteran desde la formación izquierdista.
El portavoz de IU Cádiz sentencia que la capital “se merece a un alcalde que pueda asegurar que dentro de su equipo de Gobierno nadie influya por intereses particulares para que el suelo público se acabe enajenando en favor de una promotora privada”.
LA MENGUANTE DECLARACIÓN DE BIENES DE LA CONCEJALA
Por su lado, Adelante Izquierda Gaditana preguntará en el pleno de septiembre por la vinculación de Ana Sanjuán con las dos empresas del sector de la construcción y las actividades inmobiliarias que aparecían reflejadas en su declaración anual de bienes y actividades del pasado año, ya que en la presentada en este 2025 ha desaparecido dicho vínculo.
Según su declaración del pasado ejercicio, contaba con una participación del 42,50% de la sociedad CAV Servicio Integral de Proyectos y Obras SL y del 50% de CAV Home Group SL, y al no aparecer en el nuevo documento “queremos saber si la concejala prosigue o no ligada a esas empresas. Y en caso afirmativo, por qué no aparecen dichas sociedades en su última declaración de bienes”, se señala desde este partido de la oposición.
Además, AIG incide en que tras la admisión de la denuncia de IU por parte de la Oficina Antifraude y por “la incompatibilidad manifiesta” de Sanjuán con sus cargos de responsable de Vivienda y presidenta de Procasa (basándose en el Reglamento Interno del Consistorio y en los propios Estatutos de Procasa), “se deben retirar estas competencias a una persona con un más que posible conflicto de intereses entre lo público y el negocio familiar”.
