Entre las muchas reacciones que está generando la denuncia por pederastia sobre el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, que ha optado por desaparecer de la escena pública y suspender su agenda en cuanto ha trascendido la investigación abierta por parte del Vaticano, Adelante Andalucía no ha dudado en exigir la “dimisión inmediata” del prelado. El PSOE provincial, aunque con más prudencia, también ha pedido estos días su dimisión o cese, en boca de su secretario general Juan Carlos Ruiz Boix.
Como militante de la formación andalucista de izquierdas, el portavoz municipal de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, reclama igualmente que “se sepa la verdad” y que se investigue con transparencia cada una de las actuaciones y “cada día de la gestión” de Zornoza durante su vigente etapa al frente del Obispado gaditano, a donde llegó desde Getafe en 2011.
“No estamos ante un caso aislado, sino ante una estructura de poder que ha protegido durante años comportamientos intolerables”, insiste De la Cruz, que insiste en exigir que se depuren responsabilidades, tanto civiles como eclesiásticas, “para garantizar justicia y verdad”.
Del mismo modo, el responsable de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, ha recalcado que “no se puede permitir que quien ha sido señalado por hechos tan graves continúe ostentando un cargo de autoridad moral y religiosa”, y que la Iglesia no puede seguir actuando con impunidad ni escudándose en el silencio.
A decir de Salvador, este caso de presunta agresión sexual a un menor durante años cuando era sacerdote en Getafe, en los años 90 del siglo pasado, “llueve sobre mojado”, ya que “no es ni el primer, ni el segundo, ni el tercer caso que salpica a la Iglesia Católica”.
A colación, Adelante Andalucía ha reiterado su compromiso con la defensa de las víctimas y ha afirmado que “la protección de la infancia y la dignidad colectiva están por encima de cualquier institución o jerarquía”.
PODEMOS EXIGE LA “SEPARACIÓN REAL” ESTADO-IGLESIA
Por su parte, para Podemos Cádiz, esta investigación sobre el obispo gaditano, “refuerza la necesidad de mantener una distancia clara y prudente entre las instituciones democráticas y la jerarquía eclesiástica”.
“Haríamos bien en alejarnos de quienes predican el bien pero actúan justo en sentido contrario. La Iglesia debe rendir cuentas ante la justicia como cualquier otra institución. Ningún cargo religioso puede quedar por encima de la ley ni del escrutinio público”, considera la portavoz provincial de Podemos, Marina Liberato.
En este punto, la formación morada insiste en que la aconfesionalidad del Estado “no es una opción, sino una obligación constitucional”, y por ello exige a los representantes públicos de todos los niveles “que actúen con coherencia y respeto hacia ese principio fundamental”.
“Defender la separación Iglesia-Estado no es ir contra la fe de nadie, sino garantizar que todas las personas, crean o no, sean tratadas en igualdad. La democracia se fortalece cuando las instituciones son verdaderamente laicas”, sentencia Liberato, apostando por una sociedad “laica, plural y justa, en la que los símbolos y decisiones públicas respondan siempre al interés común y no a dogmas religiosos”.
