Acciona, concesionaria del servicio municipal de Parques y Jardines en Cádiz entre 2018 y 2022, ha recurrido una sentencia que la condena a pagar menos de 2.300 euros, más un recargo del 10%, a los hermanos de Secundino Pérez Millán, un trabajador de dicha contrata que falleció en enero de 2022. La cantidad corresponde a vacaciones no disfrutadas y a la parte proporcional de la paga extra de diciembre de 2021, conceptos que la empresa no abonó tras la extinción del contrato por incapacidad permanente.
Este caso lo ha hecho público la sección sindical del Sindicato de Contratas, Concertadas y Servicios Públicos (SSP), que denuncia que Acciona durante su paso por la capital gaditana, “como todas las contratas que parasitan los servicios públicos”, intentó arrancar el mayor beneficio posible para sus bolsillos “a base, sobre todo, de recortar los derechos económicos de los trabajadores, lo que dio lugar a multitud de demandas, varias de las cuales siguen tramitándose aún hoy”.
“Muchos son los ejemplos” de ello, se afirma en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, pero como paradigma de este proceder de las grandes multinacionales se expone este caso que retrata “el grado tan extremo de inhumanidad que son capaces de alcanzar con tal de expoliar, como sea, los salarios de sus plantillas”.
TRES AÑOS DESPUÉS LA JUSTICIA DIO LA RAZÓN A LA FAMILIA
Secundino, auxiliar de jardines con antigüedad desde 2003, pasó a depender de Acciona cuando esta asumió el servicio municipal en 2018. En noviembre de 2021, tras detectársele una grave enfermedad que lo mantuvo de baja todo ese año, fue declarado en situación de incapacidad permanente absoluta por la Seguridad Social, lo que supuso la extinción de su relación laboral con la empresa. Sin embargo, al finalizar el contrato, la contrata no liquidó los derechos económicos pendientes: unos 2.400 euros correspondientes a vacaciones y paga extra.
Apenas mes y medio después, en enero de 2022, esta persona falleció a causa de la enfermedad. Desde entonces, tanto su familia como el comité de empresa han reclamado reiteradamente a Acciona el pago de la deuda. A decir del SSP, “todo resultó en vano”, a pesar de tratarse de “una cuantía ridícula al lado de los cientos de millones que Acciona gana cada año o de los presuntos sobornos pagados a políticos encausados por corrupción”.
“Indignados por el trato recibido y alentados por el firme deseo de no tolerar que esta empresa le quitara a su hermano fallecido las cantidades salariales que en justicia le pertenecían”, los tres hermanos presentaron en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) de Cádiz papeleta previa a la vía judicial, cuyo acto de conciliación, en noviembre de 2022, finalizó sin avenencia por la negativa de Acciona a reconocer la deuda.
Como consecuencia, interpusieron una demanda y el juicio por fin se celebró el pasado mes mayo de 2025 en el Juzgado de lo Social número 1, del que resulta una sentencia que da la razón a la familia: el fallo condena a la multinacional a abonar la suma total de 2.268,45 euros, incrementada con el 10% por mora.
EL RECURSO ANTE EL TSJA PARA NO PAGAR, “UNA ABSOLUTA VERGÜENZA”
Para el sindicato denunciante, esta sentencia debería haber cerrado “el largo periplo recorrido por los familiares de Secundino para hacerle justicia tras su muerte y que tanta tristeza y sufrimiento les ha supuesto desde el primer día”. Sin embargo, Acciona ha optado por presentar un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en un intento “de evitar el pago incluso años después del fallecimiento del trabajador”.
SSP reconoce que Acciona tiene derecho legal a recurrir, pero considera que “desde un punto de vista moral, su obstinación en no abonar a la familia de Secundino la exigua cantidad de 2.268 euros constituye una absoluta vergüenza y un gesto que deja bien a las claras el lamentable talante de esta gran empresa”.
La crítica del sindicato no se limita a este caso concreto. Acusa a la firma propiedad en gran parte a la familia Entrecanales de “regatear su salario a un trabajador fallecido” mientras obtiene unos beneficios anuales de 422 millones de euros (en 2024) “y aparece mencionada en procedimientos judiciales por presunta corrupción, como Gürtel, Plaza o el caso Koldo, como pagadora de importantes mordidas”.
Por ello, exigen a la empresa que “abone ya las cantidades que en su día dejó de pagar a Secundino antes de su muerte (que apenas suponen un 0,00053% de sus descomunales ganancias anuales) y que permita, de una vez, a su familia poder acabar con este doloroso calvario al que la tozudez y codicia de la empresa les viene sometiendo”.
