La asociación profesional Militares Con Futuro (MCF) ha elevado una queja formal y una batería de preguntas al Ministerio de Defensa, a través del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), tras constatar una “grave situación de insalubridad” en el Poblado Naval de la Base de Rota, gestionado por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED).
En concreto, denuncia la existencia de un desbordamiento continuo de aguas fecales procedente del alcantarillado, “una situación que se ha mantenido activa y sin resolución efectiva durante un periodo superior a 15 días naturales”.
Según la documentación gráfica aportada por MCF, los servicios de mantenimiento tenían pleno conocimiento de la avería, ya que la arqueta causante del vertido fue señalizada precariamente con un cono de tráfico, “pero no se procedió a su reparación inmediata ni a la contención de la fuga”.
Esta inacción ha provocado que el vertido de aguas residuales anegue la calzada y zonas de tránsito peatonal. Además, el paso de vehículos sobre las aguas estancadas “ha dispersado aerosoles contaminantes en un área habitada por familias militares y población vulnerable, generando un riesgo inaceptable de exposición a agentes biológicos y gases nocivos”, se subraya en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Este colectivo señala como causa probable una “insuficiencia manifiesta de medios”. A colación, ha solicitado conocer si la plantilla operativa de la empresa adjudicataria se ha reducido drásticamente respecto a licitaciones anteriores, “estimándose actualmente en apenas cuarto operarios para atender el mantenimiento de 1.500 viviendas e instalaciones comunes”.
“EN PELIGRO LA SALUD PÚBLICA EN UNA BASE MILITAR”
Esta asociación militar ha elevado al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas el caso, exigiendo respuestas por escrito a diferentes puntos, como por qué no se activaron protocolos de emergencia para una reparación inmediata.
Además, se pregunta si se ha incoado algún expediente de penalización a la empresa contratista por incumplimiento grave de los tiempos de respuesta; si tras la reparación se ha aplicado algún protocolo certificado de descontaminación de los suelos y pavimentos “para eliminar la carga microbiológica remanente en las zonas de juego y tránsito”; y si se prevé una reducción del canon que abonan los usuarios por el uso de la vivienda, “dado que la dejadez administrativa ha provocado una situación de inhabitabilidad parcial y riesgo sanitario”.
