Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas dirigidas al Ministerio de Defensa para que aclare su posición ante el eternizado conflicto laboral que se mantiene en la Base Naval de Rota entre los trabajadores del aeropuerto y la empresa concesionaria de servicios, la estadounidense Louis Berger Aircraft Services, ahora denominada Versar Global Solutions.
Precisamente en el pasado pleno municipal de septiembre, el Ayuntamiento volvió a declarar ‘non grata’ a dicha empresa extranjera en suelo español, con el consenso de todos los partidos y del comité de empresa, representante de una plantilla que lleva soportando nueve años de conflicto, y de despidos, sanciones disciplinarias, acoso laboral y sindical y vulneración del derecho a la huelga.
Esta iniciativa en el Congreso de Sumar (socio del PSOE en el Gobierno de España), impulsada por la diputada gaditana Esther Gil de Reboleño, busca que el Ejecutivo detalle si la empresa cumple con la legislación laboral española tras el despido, el pasado julio, del presidente del comité, y después de años de huelgas intermitentes por la negociación de un convenio colectivo.
En las preguntas registradas, este Grupo Parlamentario Plurinacional también pide a Defensa que se pronuncie sobre si considera que las más de 30 infracciones señaladas por la Inspección de Trabajo, por vulneración del derecho de huelga, son de obligado cumplimiento para esta concesionaria foránea, y si los acuerdos entre España y EEUU otorgan algún tipo de excepcionalidad respecto a la aplicación de la legislación laboral en territorio español.
“Estamos hablando de vulneraciones graves del derecho de huelga, de despidos antisindicales y de una clara dejación de funciones por parte de la empresa”, reitera Gil de Reboleño en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
“CUESTIÓN DE SOBERANÍA NACIONAL Y DE DIGNIDAD DEMOCRÁTICA”
Asimismo, el documento elevado al Congreso plantea al ministerio de Margarita Robles si resulta aplicable, en una base militar, el convenio de handling de los aeropuertos civiles españoles, a pesar de las condiciones especiales de peligrosidad y secreto que existen en dichas instalaciones.
“Los trabajadores españoles que prestan servicio en la Base de Rota no pueden quedar al margen de la legislación laboral de nuestro país, ni estar sometidos a un régimen de excepción, por el mero hecho de que la empresa sea estadounidense o de que la base tenga carácter militar”, insisten desde Sumar.
La diputada Esther Gil de Reboleño reclama así al Gobierno liderado por Pedro Sánchez que asuma su responsabilidad y garantice que las relaciones laborales en la Base de Rota se rijan plenamente por la normativa española, “porque la defensa de los derechos laborales también es una cuestión de soberanía nacional y de dignidad democrática”.
