El Juzgado de Instrucción número 5 de El Puerto ha decretado el archivo de la querella interpuesta por la constructora Gyocivil en el caso de la frustrada construcción de los aparcamientos de Pozos Dulces y la plaza de toros que dejó atados el entonces gobierno local de PP-PA, pese al importante rechazo social. El juez no encuentra indicios suficientes de delito alguno.
La firma querellante, adjudicataria en su momento de estas golosas obras, acusaba de delitos de “estafa en continuidad delictiva, malversación y administración desleal o apropiación indebida” a miembros del consejo de administración de Impulsa Aparca (la empresa mixta promovida para la ejecución de ambos proyectos) durante los años 2015 y 2019 (los socialistas Francisco Lara, Silvia Valera y el entonces alcalde David de la Encina), junto a representantes de la empresa municipal Impulsa El Puerto, Impulsa Aparca y GED Capital.
En su denuncia presentada en agosto de 2022, Gyocivil alegaba haber sufrido un importante perjuicio económico tras invertir más de 2 millones de euros en estos trabajos: sólo se inició el parking de Pozos Dulces, cuya eternizada ejecución se paralizó. Finalmente, el actual equipo de Gobierno también del PP terminó asumiendo que era inviables, lo descartó y reurbanizó el entorno, sepultando la obra a medias.
GYOCIVIL INTERPRETA QUE EL PSOE FRUSTRÓ “MALICIOSAMENTE” EL PROYECTO
Literalmente, dicha constructora considera que se han llevado a cabo por los querellados “una serie de actos delictivos destinados a frustrar maliciosamente por vía de hechos el proyecto mediante la utilización de engaño”, obligándole a realizar “un importante desplazamiento patrimonial”; pero además, entiende que “ha habido un grosero despilfarro de caudales públicos procedentes de subvenciones de la Unión Europea”.
La motivación se sitúa tras las elecciones de mediados de 2015, cuando el PSOE alcanzó la Alcaldía tras años de gobiernos derechistas. Según aprecia Gyocivil, dada la postura contraria de los socialistas (y sus socios de gobierno) a la construcción de los referidos parkings cuando estaban en la oposición, se sufrieron “retrasos injustificados en la obtención de licencias, paralizaciones y omisiones en la búsqueda de alternativas”.
Se relata como debieron firmarse varias adendas al contrato y que no fueron obtenidas licencias hasta junio de 2016, comenzando las obras en mayo de 2017. Todo ello determinó la pérdida de fondos europeos y que sólo se pudiera poner en marcha los trabajos del subterráneo de Pozos Dulces, suponiendo “importantes perjuicios” para la empresa querellante.
EL JUEZ DESCARTA EL “ENGAÑO DOLOSO”
Sin embargo, tras dos años de investigación, el juez ha considerado que “no resultan debidamente justificados la perpetración de los hechos denunciados”. La resolución destaca que las demoras en la obtención de licencias no pueden atribuirse directamente a los querellados, ya que las denegaciones procedieron de los técnicos municipales y de la delegación territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, lo que afectó a la viabilidad del proyecto.
Además, el auto al que ha tenido acceso DIARIO Bahía de Cádiz descarta que existiera un engaño doloso en la firma de las adendas al contrato o una ocultación de la situación financiera de Impulsa Aparca. Según el juez, la documentación aportada muestra que los problemas económicos eran conocidos desde 2015, y no se ha acreditado desvío de fondos públicos ni europeos.
“Si tan evidente y deliberado era el ánimo de frustrar el éxito del proyecto por los querellados no se hubieran concedido sucesivas prórrogas ante los incumplimientos reiterados de plazo por parte de la querellante”, apostilla el juez, añadiendo que tras el cambio de gobierno local y la vuelta de la derecha en 2019, “los impedimentos técnicos siguieron haciendo inviable la ejecución de la obra y determinaron la caducidad en 2021, dos años después, de la licencia”.
En este fallo recurrible se subraya que, si bien pueden existir controversias contractuales o administrativas, “los hechos quedan fuera del derecho penal” y deben dirimirse en el orden jurisdiccional correspondiente.
Más allá de esta querella, las empresas AC Jessica Andalucía FCR y GED Jessica Andalucía SAU, coparticipes en Impulsa Aparca SL (promotora del aparcamiento de Pozos Dulces que no se terminó de ejecutar), también han denunciado al Ayuntamiento y a su empresa Impulsa El Puerto por daños y perjuicios al decidir suspender la obra, y reclaman hasta 16,6 millones de euros. En febrero de 2022, el equipo de Gobierno liderado por Germán Beardo optó por incautar el aval y emplear el dinero en esta reurbanización de la cubierta, tras evidenciar la falta de fondos para continuar con la problemática actuación.
