Autonomía Obrera ha vuelto a acusar a la empresa Clece (adjudicaría de los servicios de limpieza en los centros de salud de Bahía de Cádiz y La Janda) de “vulnerar sistemáticamente” los derechos laborales del personal, y a la vez, a la Junta de Andalucía de ser “cómplice del maltrato” que está padeciendo esta plantilla.
“Este colectivo históricamente vulnerable, compuesto mayoritariamente por mujeres, se encuentra expuesto diariamente a riesgos de toxicidad que las empresas adjudicatarias se niegan a reconocer”, se denuncia, señalando al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por su “falta de sensibilidad, ausencia de compromiso y clasismo, su absoluta indiferencia y desprecio” hacia estas trabajadoras.
En un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, AO apunta que estas empresas “recurren a equipos jurídicos para distorsionar la realidad del riesgo laboral” con tal de evitar cumplir con la legislación en Prevención de Riesgos Laborales (PRL); estrategia que es posible por “la insuficiente dotación económica de los pliegos de condiciones”.
Según este sindicato, “la Junta es quien deliberadamente provoca que la adjudicataria del servicio no cumpla, a costa de los derechos laborales del personal”. Así, el Gobierno de Moreno Bonilla “elabora licitaciones que provocan que se presenten empresas piratas que someten su modelo de servicio mutilando derechos laborales e incumpliendo sistemáticamente el pliego”.
INCUMPLIMIENTOS SISTEMÁTICOS
En el caso de este contrato externalizado para la limpieza en ambulatorios de la Bahía y la Janda, como consecuencia de esta deficiencia presupuestaria, “Clece ha incumplido durante años la sustitución de las horas mínimas de obligado cumplimiento, con la colaboración del SAS, que no ejerce su deber de fiscalización”.
“La empresa no ejecuta la sustitución de personal generando una sobrecarga de trabajo inasumible para las trabajadoras, provocando altos índices de absentismo, cuyos efectos quieren atribuir mezquinamente al colectivo de trabajadoras en lugar de responsabilizar a las prácticas fraudulentas del SAS y las adjudicatarias”, advierten desde AO.
Y mientras la consejería de Salud sigue negándose a dotar económicamente los pliegos, firmas como Clece “continúan engordando su cuenta de miles de euros a costa de incumplimientos laborales, sin abonar las horas complementarias, ni el plus festivo según convenio, aprovechándose de la complicidad del SAS en su falta de fiscalización”.
“Y LIMPIEZA DE SANGRE, ORINES, HECES, VÓMITOS…”
Además, en su denuncia este sindicato asegura que no quiere tener que describir, “con absoluta crudeza”, los riesgos de toxicidad e infección a los que estas trabajadoras están expuestas: “más allá de los riesgos químicos y biológicos inherentes a la actividad, existe una realidad aún más alarmante, la limpieza de sangre, orines, heces y vómitos, sustancias que no son evaluadas ni analizadas y que generan una incertidumbre permanente sobre los riesgos de infección biológica que ni el propio SAS controla y las trabajadoras tienen que convivir diariamente”.
En este contexto, Autonomía Obrera señala que esta adjudicataria ha lanzado un reciente comunicado a su plantilla para que no realice determinadas tareas “que evidencian el riesgo de toxicidad que llevan realizando durante años; para que no les sea abonado el plus de toxicidad que les corresponde a pesar de reconocerlo”. “Es una intromisión ilegítima en las funciones del colectivo de trabajadoras, con el fin de no reconocerles su riesgo; no es más que hacer de escudero del SAS para no dotar económicamente el pliego y seguir ostentando una situación de privilegio para conseguir la próxima adjudicación”, se sostiene.
“Que pronto han olvidado que este colectivo estaba en primera línea de riesgo por Covid y era esencial. Todo por no reconocerle su legítimo derecho al plus de toxicidad con el que conviven a diario”, se reitera.
En este punto, AO exige “responsabilidad inmediata” por parte del SAS, instándole a dotar adecuadamente los pliegos de estos servicios de limpieza “para que recojan los derechos laborales y no a que dejen de realizar funciones propias de su sector”. Y se responsabiliza directamente a Clece “por mantener un modelo de gestión basado en el incumplimiento sistemático de sus obligaciones y el abuso laboral permitido por la complicidad de la Junta”.
