En relación al cobro de la controvertida tasa consorcial por el tratamiento de residuos, que aprobó el PP en 2014 (ahora se están emitiendo los recibos de 2016 afectando a San Fernando, Chiclana y Puerto Real), el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento isleño ha solicitado a los servicios jurídicos del Consistorio un informe que “garantice la legalidad de la misma”. De hecho, desde el Gobierno chiclanero también se acaba de poner en cuestión su legalidad.
El concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, asegura que tras varias reuniones con representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León, así como con la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe), entre otros, “y teniendo en cuenta el desconcierto de la ciudadanía y las numerosas dudas que ha despertado en cuanto a si la misma es legal o no”, se ha decidido “dar un paso el frente para que los isleños tengan todas las garantías de su legalidad”
Asimismo, Rodríguez apunta en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que ha solicitado una reunión urgente con el actual presidente del Consorcio Bahía de Cádiz, Javier Pizarro (del PSOE), y el servicio de Recaudación de la Diputación, para poner sobre la mesa la “deficiente” gestión de dicho ente para la gestión de residuos urbanos de la provincia de Cádiz “al no tramitar el pago de esta tasa durante los años 2016 y 2017”; además de “no acompañarlo con una campaña de comunicación e información adecuada, de forma que la ciudadanía hubiera podido conocer las razones de esta tasa, los motivos, la forma de pago, etcétera, con la suficiente antelación”.
El bipartito PSOE-PA, al margen de lo anterior, también reitera su exigencia para que se acometa una modificación “lo antes posible” de la tasa de tratamientos de residuos “para evitar en la medida de lo posible los efectos negativos que puedan ocasionar a la ciudadanía, especialmente en el caso de determinadas actividades económicas, y para que la misma tenga también en cuenta consideraciones de carácter social”.
“Los vecinos no deben pagar los problemas de gestión del Consorcio Bahía de Cádiz y del servicio de Recaudación de la Diputación”, sostiene Rodríguez, que en todo caso, entiende que de tenerse que afrontar el pago de la misma “las condiciones de pago sean acordes a las posibilidades de cada persona, adaptándose a las condiciones particulares y empresariales, poniendo en marcha el pago fraccionado y sin que en ningún caso suponga intereses en el cobro de la misma”. Por su lado, desde el PP se insiste en que sea el propio Consistorio directamente el que asuma el coste anual de dicha tasa.
PREOCUPACIÓN VECINAL
Paralelamente, ante la intranquilidad que esta tasa ha generado, representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León se han reunido estos días tanto con el Ayuntamiento como con el Consorcio Bahía de Cádiz.
“Les hemos manifestado nuestro más profundo rechazo por tal medida y por el procedimiento que se ha seguido al poner en funcionamiento este requerimiento de pago, sin haber informado a la ciudadanía como corresponde”, se aclara en el comunicado remitido a este periódico.
A decir de Isla de León, los representantes políticos presentes le informaron de “una serie de conceptos que se nos escapan, por su contenido jurídico y por ello un poco complicado poder plasmarlo”. Así, con el fin de que sus AAVV tengan una amplia visión de todo este “entramado”, ambas partes han asumido el compromiso formal de asistir en San Fernando a un Consejo Vecinal, “para que nos informen detenidamente sobre ello y a la vez les formulemos todas aquellas dudas que tengamos acerca de esta nueva tasa y saquemos claridad sobre ello”.
