Una decena de inmobiliarias chiclaneras se reunían días atrás con el alcalde, José María Román, para abordar distintos aspectos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente y la ordenanza municipal de regularización, con el objetivo de aclarar las dudas y cuestiones que pueden surgir en este complejo proceso de legalización de miles de viviendas, así como cuestiones jurídicas a la hora de la venta de parcelas de la zona del extrarradio.
Al encuentro, solicitado desde la Asociación de Gestores Inmobiliarios de la Provincia de Cádiz (GICA), asistieron su presidente y gerente de la inmobiliaria Campomar, Juan José Butrón, así como representantes de las inmobiliarias City 10, Fincaymar, Beltrán y Bellido, Alameda, Finmohogar, Grupo Fincas, Surhogar, Grandal y Servigestión. Todos ellos habían mostrado su interés en mantener esta reunión para aclarar cómo se prevé el proceso de regularización, al que pueden acogerse más de 13.000 viviendas ilegales situadas en la zona del diseminado, así como la situación jurídica de estos inmuebles. En la cita también participaron las concejalas de Urbanismo y Diseminado, Ana González y Cándida Verdier, respectivamente, junto al técnico municipal Ataulfo Fernández.
“Era muy importante mantener esta reunión con las distintas inmobiliarias que trabajan en Chiclana, porque de esta forma podemos afrontar este proceso de forma conjunta, así como contando con la opinión de los profesionales del sector, ya que no solo se verán afectados los propietarios de las parcelas, sino que también están implicadas en la regularización de viviendas las empresas inmobiliarias, que cuentan con terrenos y edificaciones para su venta o alquiler”, ha apuntado el primer edil socialista, quien ha agradecido a los empresarios presentes en la reunión su predisposición a colaborar en todo este proceso.
Román, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, ha incidido en que “somos conscientes de que será una ardua tarea, pero vamos a poner todo nuestro empeño en que el proceso de regularización de viviendas sea una realidad y los vecinos de suelos urbanos no consolidados puedan obtener, al menos, los servicios básicos de luz, agua y alcantarillado y, si es posible, la regularización de sus viviendas, lo que les proporcionará seguridad jurídica y, sobre todo, mayor calidad de vida, ya que podrán consumir agua potable de la red general, así como evitar que las aguas residuales se depositen en el subsuelo”.
Asimismo, el alcalde muestra su confianza en que “este tipo de reuniones pueda seguir desarrollándose en el futuro, con el objetivo de seguir trabajando de forma conjunta, con el fin de que aquellas cuestiones que puedan crear incertidumbre entre los vecinos, empresas del sector inmobiliario e inversores puedan resolverse, garantizando así una mayor seguridad entre la ciudadanía”.
Una vez la ordenanza de regularización se encuentra en vigor, desde finales de septiembre, un total de 635 viviendas ubicadas junto a suelos urbanos consolidados en diez áreas diferentes tiene la posibilidad de incorporarse al proceso de forma inmediata, mientras que aquellos vecinos que tienen cerca los servicios de abastecimiento y saneamiento ya pueden comenzar a trabajar para ello, aunque en este caso es necesario delimitar el ámbito de actuación y elaborar el correspondiente proyecto de urbanización.
Unas 16.000 parcelas en una superficie total de 22,5 millones de metros cuadrados de suelos urbanos no consolidados pueden acogerse a este proceso de legalización.
