La Federación de Asociaciones de Vecinos Chiclana Norte, que integra AAVV de la zona del Marquesado, una de las diversas federaciones vecinales enmarcadas en el extrarradio, ha instado al Ayuntamiento a la aprobación definitiva de las ordenanzas de regularización “para tener noticias positivas” del esperado y ansiado durante años proceso de regularización de miles viviendas ilegales en la zona del diseminado.
Por ello, piden al Gobierno municipal de PSOE y Ganemos que, una vez que se ha publicado en el BOJA el levantamiento de las suspensiones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), hace ya meses, y una vez que se termine de aprobar definitivamente estas ordenanzas municipales por parte del pleno municipal (ya han pasado por la aprobación inicial y el plazo de alegaciones), que “continúen trabajando, para que se ejecuten las obras de urbanización”.
Al respecto, el PP, principal partido de la oposición, también exigía a principios de este mes de julio la puesta en marcha “inmediata” del proceso de regularización, “aprobando de una vez la ordenanza que permita este proceso”.
Desde Chiclana Norte se expone en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que la legalización de las miles de viviendas del extrarradio “y los graves problemas de salud que acarrea la contaminación de los acuíferos”, hacen necesario “el compromiso de cooperación entre los partidos políticos, técnicos municipales y vecinos afectados, que no es otra que avanzar para que podamos obtener los servicios básicos y regularizar nuestras viviendas”.
Por ello, una vez se aprueben definitivamente las ordenanzas municipales de regularización, esta federación vecinal apela “a la inequívoca necesidad de una vivienda digna que incluya los servicios básicos”.
En este sentido, se pone como ejemplo lo sucedido en el Parlamento de Andalucía, donde todos los grupos votaron a favor a la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA),” que posibilita que las viviendas, situadas en suelo urbano no consolidado, puedan obtener los servicios mínimos de luz, agua y alcantarillado, de forma provisional durante un periodo de dos años, mientras se lleva a cabo el proceso de regularización de viviendas sin importar el color político”.
La concejala de Urbanismo, Ana González, afirmaba el pasado mes de marzo (cuando desde la Junta se firmaba la orden del levantamiento de suspensiones de ámbitos del PGOU, que hasta la fecha todavía no estaban vigentes), que ya se puede hablar de que “prácticamente el 100% del Plan General se encuentra en vigor”, e igualmente “también se puede proceder a la aprobación definitiva de las ordenanzas de regularización”. “Ya no hay impedimento legal para poder aprobar definitivamente las ordenanzas, puesto que se han subsanado todos los artículos que hasta ahora estaban suspendidos”, insistía. Pero a estas alturas siguen sin elevarse a pleno.
Unas ordenanzas que dependen del PGOU en vigor, que se aprobaba al fin a finales de 2016, pero que podría volver a ser tumbado por los tribunales, como los anteriores. Grupos ecologistas alertaron meses atrás de lo sucedido en otra ciudad andaluza: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el Plan General de Jaén, fallando sobre dos cuestiones que se repiten en el plan urbanístico chiclanero: la ausencia del documento de la Evaluación Ambiental Estratégica, y el crecimiento poblacional desproporcionado.
