El 99% de los niños de Cádiz que ingresará por primera vez en el sistema educativo en el venidero curso 2018/2019, es decir, aquellos que cumplen los tres años en 2017, “ha sido admitido en alguno de los centros solicitados por sus familias”, a partir del proceso de escolarización abierto en su momento; y que ha vuelto a alarmar a los defensores de la educación pública: hay colegios que han recibido tan sólo una inscripción, como la Institución Provincial Gaditana o el Adolfo de Castro. En la actualidad, la escuela concertada-privada (sostenida con fondos también de todos) tiene escolarizados ya en la ciudad a más del 60% del alumnado en las etapas de infantil, primaria y secundaria obligatoria, en detrimento de la pública.
Este subrayado 99% es la cifra que se extrae, según divulgan desde la Junta de Andalucía en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, tras la publicación, el pasado 22 de mayo, de la adjudicación de plaza escolar al alumnado no admitido en el centro docente elegido como prioritario. “En este proceso ha tenido que participar una muy baja cifra de inscritos, ya que la mayoría de los niños y niñas obtuvieron plazo en la primera adjudicación”, se insiste.
En la capital gaditana, en este proceso de escolarización, han participado 825 niños, quedando, hasta el momento, en torno a 225 vacantes en Infantil de tres años en los colegios que ofertaban estas plazas. Y se incide en que fueron 1.100 plazas las ofertadas en el mes de marzo “con el fin de ofrecer a la ciudadanía gaditana las máximas opciones para la escolarización de sus hijos”.
El último paso dentro de este proceso se llevará a cabo del 1 al 8 de junio con la matriculación de los escolares admitidos. “Será en esa fecha cuando se muestren los datos reales de cómo resultará el mapa real de la capital para el próximo curso en esta etapa educativa”, se sentencia.
“LOS COLEGIOS PÚBLICOS EN CÁDIZ, ABOCADOS A SU DESAPARICIÓN PAULATINA”
Desde la administración regional, sin citarlo, parece que se contesta a la federación local de padres de alumnos de la ciudad (Flampa Gades), que ha impugnado lo acordado en la comisión territorial de garantías de admisión “por irregularidades en el proceso de reubicación del alumnado que en primera instancia no consiguió plaza en los centros solicitados”.
Este colectivo entiende que no fue convocado desde el inicio del proceso (ni la propia Flampa ni las Ampa de todos los centros de la ciudad, miembros de pleno derecho tal y como establece el artículo 43 del Decreto 40/2011). Una omisión subsanada con el proceso ya en marcha tras la advertencia y comunicación de las propias asociaciones. “Esta circunstancia distorsiona lo acordado en la comisión, ya que se ha traducido en una escasa representación de las asociaciones a las cuatro reuniones realizadas”, se lamentaba.
Asimismo, Gades interpreta que el criterio de proximidad a la vivienda o el puesto de trabajo de los progenitores empleado para reubicar al alumnado que no consiguió la plaza solicitada “no es tan determinante para las familias a la hora de seleccionar centro educativo”. “Tener en cuenta solo la proximidad para reasignar nueva plaza podría vulnerar el derecho fundamental de la libertad religiosa, ya que en algunos casos no se han tenido en cuenta las preferencias por la escuela pública de las familias solicitantes, asignándosele centros vinculados a una confesión religiosa sin haber sido señalados sin embargo como preferentes en sus solicitudes”, se expone.
Y se resalta que antes del proceso de reubicación, la delegación territorial de Educación de la Junta “ya tomó la decisión de cerrar líneas de Infantil en tres centros públicos de de Cádiz capital, lo que tiene dos consecuencias directas a corto y medio plazo condiciona a la baja la escolarización en esos colegios”. En la actualidad “ha favorecido en segunda instancia la escolarización en los centros concertados al emplearse solo el criterio de proximidad a la vivienda o trabajo. Centros a los que este año no se les ha cerrado ninguna línea”.
Con esta impugnación, la Flampa dice querer denunciar que “los mecanismos actualmente aplicados condenan a un horizonte muy incierto a la mayoría de los centros educativos públicos de la ciudad, abocados a su desaparición paulatina”. Además, se manifiesta preocupación “porque esta reducción de la oferta educativa pública pueda tener sobre el derecho de elección de las familias que buscan una educación laica para sus hijas, sólo garantizada por los colegios e institutos públicos”.
