El comité de empresa en Adif y CCOO, CGT y SF Intersindical en Renfe han convocado huelga el 31 de julio y el 1 de agosto, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de muchos. Protesta –amortiguada por los servicios mínimos impuestos- “contra el desmantelamiento y privatización del ferrocarril público y a favor de un servicio ferroviario de titularidad pública que garantice en condiciones de seguridad y sostenibilidad un sector estratégico”. Cádiz y Jerez apoyan la movilización con concentraciones.
El comité general de empresa en Adif y los sindicatos CCOO, CGT y SF Intersindical en Renfe han convocado huelga en ambas empresas el jueves 31 de julio y el viernes 1 de agosto, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de muchos. La misma –amortiguada por los servicios mínimos impuestos- tiene su fundamento en “el abandono de la negociación colectiva por parte de las empresas y del Ministerio de Fomento para buscar juntos solución a los problemas que tiene delante hoy en día el ferrocarril”.
“Esta es una movilización contra el desmantelamiento y privatización del ferrocarril público y a favor de un servicio ferroviario de titularidad pública que garantice en condiciones de seguridad y sostenibilidad un sector estratégico para el desarrollo de los territorios y de la ciudadanía. Asistimos a la destrucción sistemática de empleo público en beneficio de empresas privadas”, alertan los convocantes. En el caso de Cádiz, el jueves se llevó a cabo una concentración a las puertas de la estación de la capital; protesta que se repite este jueves en la de Jerez.
Según argumentan CCOO, CGT y SF Intersindical en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, las direcciones de ambas empresas (Adif y Renfe) “han actuado unilateralmente incumpliendo acuerdos anteriores y provocando una situación de conflictividad en el sector que nos ha llevado a esta convocatoria de huelgas”.
En concreto, se señala que estas empresas públicas han puesto en marcha medidas como las siguientes: “han acometido un proceso de movilidad forzosa para un total de 413 personas en Adif que puede conllevar disminución de servicios y cierre de dependencias”; “la imposición de nuevas funciones sin previa negociación como marcan las normas laborales internas”; “la imposición de una tasa de reposición ridícula a través de una convocatoria de ingresos (42 personas en Renfe con contrato de obra y servicio) cuando se han marchado 1.000 personas en el despido colectivo de hace cuatro meses”; “el incumplimiento del acuerdo de convenio colectivo para la negociación de un plan de viabilidad para las empresas que garantice la prestación del servicio ferroviario en condiciones de calidad y seguridad”; o la externalización de varios servicios, como venta de billetes, información, aparcamientos, talleres, en ambas empresas, “deteriorándose la calidad del servicio hacia la ciudadanía”.
