La actual gerencia de Aguas de Cádiz se reafirma en la labor desarrollada para esclarecer lo sucedido en el ‘caso Loreto’ a partir del nuevo informe elaborado –ya durante el actual mandato- que detectaba posibles irregularidades en la gestión de la propia empresa y del equipo de Gobierno de Teófila Martínez durante aquel episodio. El estudio se elevó a la Fiscalía, y ahora se conoce que esta no ve ningún delito. El PP no ha tardado en valorar este paso y ya no pide la dimisión del alcalde, ahora simplemente espera “su marcha”: ¿crítica política era inventarse que habíamos dado agua contaminada sabiéndolo? Eso es la imputación de un delito gravísimo, y además es algo miserable”, repiten desde una indignada derecha.
La actual gerencia de la empresa municipal Aguas de Cádiz se reafirma en la labor desarrollada para esclarecer lo sucedido en el ‘caso Loreto’ –el prolongado corte de agua en dicha barriada de extramuros en septiembre-octubre de 2014 por presencia de bacterias en el suministro-, a partir del nuevo informe elaborado –ya durante el actual mandato- que detectaba posibles irregularidades en la gestión de la propia empresa y del entonces equipo de Gobierno del PP durante aquel episodio.
De hecho, se llegaba a sospechar que la contaminación en el agua se detectó y se conocía hasta 14 días antes de que se informara a la Junta de Andalucía y se procediera al corte y a trabajar sobre el terreno para solventar el problema. Una hipótesis que sirvió a la derecha, ahora en la oposición, para exigir la dimisión del alcalde, José María González ‘Kichi’, por acusarles de “intento de envenenamiento”. Los populares acudieron a la Justicia, y esta archivaba en septiembre dicha querella por calumnias e injurias.
Por su lado, el Gobierno local de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común decidía elevar ese nuevo informe de Aguas de Cádiz a la Fiscalía, para que estudiara si había indicios de delito por parte de los anteriores gestores municipales liderados por Teófila Martínez. Ahora se conoce que la Fiscalía ha optado por archivar estas diligencias ya que entiende que “en ningún caso puede hablarse de mala praxis”.
Ante este paso, Aguas de Cádiz insiste en que los objetivos de su último informe -a requerimiento del pleno municipal y dando así respuesta a la demanda de la ciudadanía al respecto- son “el estudio y esclarecimiento de las causas del incidente de contaminación de las aguas y de la gestión técnica y económica que se realizó del mismo, cumpliendo así con la transparencia en la gestión a la que está obligada una empresa pública”.
Asimismo, se hace hincapié en que, “como reconoce el decreto de la Fiscalía”, el incidente de Loreto constituye “un episodio de contaminación cuyas causas no fueron correctamente identificadas por los anteriores gestores”. Y también se subraya que con su estudio presentado meses atrás, “como viene a reconocer la Fiscalía al calificar de brillante la investigación técnica realizada”, Aguas de Cádiz “da una mayor y mejor respuesta a la obligación que tienen los gestores del abastecimiento de aguas de investigar las causas de un incidente con una repercusión como el que tuvo en la barriada de Loreto, entre otros motivos para así poder aplicar las adecuadas medidas preventivas y correctoras en el futuro”.
Además, desde la gerencia de la empresa municipal se indica que su estudio “diferencia claramente dos fases en la gestión del incidente, demostrando de forma fehaciente con las analíticas realizadas que en la primera de estas fases, con una duración de 12 días, se produjeron incumplimientos paramétricos en la calidad del agua suministrada, sin comunicación a la autoridad sanitaria como era preceptivo”. Es por ello que desde Aguas de Cádiz se defiende que estos hechos relativos a la primera fase del incidente “no pueden considerarse un ejemplo de buena praxis”. Asimismo, se resalta que el decreto de la Fiscalía “utiliza manifestaciones vertidas en el informe de resultados que se refieren exclusivamente a las segunda fase del incidente, y lo hace como referidas a éste en su conjunto”.
Ante todo esto, la actual dirección de Aguas de Cádiz asume las principales conclusiones de su informe: “el incidente se produce como consecuencia de la apertura de tres válvulas límite de sector que da lugar a la movilización de aguas estancadas con desprendimiento de biopelícula. Y el día 3 de octubre de 2014 debió comunicarse a la autoridad sanitaria la primera confirmación de incumplimiento de parámetros de la calidad del agua”.
EL PP NO “PERDONA” AL ALCALDE Y ESPERA SU “MARCHA”
“Ni Teófila, ni mis compañeros ni yo vamos a perdonar que intentaran atentar contra nuestra dignidad como personas. Pretendían nuestra muerte social. González Santos ha querido jugar con el Código Penal para imputarnos un delito grave que no ha existido. Ahora todos, sin excepción, utilizaremos el Estado de Derecho para poner a cada uno en su sitio”, ha afirmado el portavoz municipal del PP, Ignacio Romaní, a la hora de valorar el archivo del caso por parte de la Fiscalía.
Así, Romaní ha felicitando a los técnicos de Aguas de Cádiz que participaron en esa actuación, “porque lo han pasado muy mal” y ha añadido que “nuestra mayor alegría es que se haga justicia con ellos: fue su celo el que posibilitó detectar el problema, y trabajaron noche y día para proteger a los vecinos. Que tuvieran que ver un año después que un alcalde, su alcalde, les acusaba de algo tan horrible ha sido muy duro para todos”.
Al respecto, el principal partido de la oposición ha avanzado que pedirá una reunión urgente de la Comisión de Sostenibilidad para –entre otros puntos- abordar la restitución en sus puestos a los técnicos apartados “de manera sectaria” por el actual equipo de Gobierno: “han sido acusados y degradados. Además de unas disculpas oficiales tienen que ver recompensado tanto maltrato. Todos los trabajadores de Aguas de Cádiz pueden estar muy orgullosos de cómo trabajaron, y nosotros estamos muy orgullosos de ellos”.
Romaní también ha señalado que en los próximos días su grupo municipal abordará la situación que se ha creado tras un auto que, “a falta de conocer los detalles, certifica lo que todos sabíamos, que la gestión fue la correcta, la adecuada, que no hubo mala praxis y que el incidente de contaminación no afectó a nadie. Y no afectó a nadie porque hicimos lo correcto y porque trabajamos sin descanso. Siempre de la mano de los técnicos y de las autoridades sanitarias. ¿A alguien en su sano juicio o con un mínimo de decencia se le puede pasar por la cabeza que alguien –político o lo que sea- puede tomar una decisión en contra de lo que las autoridades sanitarias o los técnicos le dicen?”.
Para el portavoz conservador en el Consistorio, aquellos días de septiembre-octubre de 2014 “fueron muy duros”. Pero “mucho peor fue ver cómo alguien a quien no puedo siquiera calificar, nos acusaban de contaminar a 13.000 personas a sabiendas. ¿Y ahora nos quieren decir en el juzgado que eso era crítica política? ¿Crítica política era inventarse que habíamos dado agua contaminada sabiéndolo? Eso es la imputación de un delito gravísimo, y además es algo miserable”.
“Hoy no pediremos la dimisión de González Santos como alcalde, previa destitución de González Bauza y del jefe Alcaldía porque entendemos que es él quien debe tomar esa iniciativa. No le queda otra alternativa que marcharse, nos acusó de un delito horrible que ellos se inventaron”, sentencia Ignacio Romaní.
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