Salvo para aquellos casos que cumplan con la nueva regulación, acaba de iniciarse en la ciudad de Cádiz el periodo máximo de un año de suspensión del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias que supongan la modificación del régimen urbanístico vigente y que sean relativas a la transformación y compatibilidad del uso hospedaje en suelo residencial, tal y como contempla la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. O lo que es lo mismo, se activa la iniciativa municipal que, tras meses de espera, pretende luchar contra el fenómeno de la turistificación.
El Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP) acaba de publicar la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), salida del pleno de noviembre (con el único apoyo del equipo de Gobierno y del PSOE), para limitar la preocupante proliferación de pisos turísticos, que tiene como uno de sus efectos la expulsión de los propios gaditanos de sus barrios.
En concreto, esta modificación del Plan General trata de evitar la turistificación principalmente del centro histórico frenando la implantación de pisos turísticos en suelo residencial (sí se permiten proyectos hoteleros en aquellas fincas de mayor protección), “a fin de garantizar el equilibrio entre ambos usos y propiciar un turismo sostenible en el tiempo que garantice la convivencia efectiva y que el empleo que genere sea estable y de calidad”. En el caso de extramuros, se sigue permitiendo que cualquier finca pueda transformarse en hotel o apartamentos turísticos (sólo limita la creación de nuevas VFT a las plantas baja, primera y segunda de los edificios).
“CÁDIZ SE SITÚA A LA VANGUARDIA”
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el concejal de Urbanismo, Martín Vila, resalta que se trata de “un paso importante”, ya que supone “la primera medida de este calado en toda Andalucía”. De este modo, “Cádiz se sitúa a la vanguardia en el reto de proteger y defender el derecho a la ciudad, así como el turismo de calidad frente a la especulación turística y al turismo de masas”.
Asevera Vila que la propia norma “está dando ya sus frutos”, puesto que “son muchos los vecinos que nos están transmitiendo que los mismos propietarios que les estaban resolviendo los contratos de alquiler para montar apartamentos turísticos, están dando marcha atrás y replanteándoles las viviendas para alquiler residencial”.
El equipo de Gobierno liderado por José María González ‘Kichi’ repite que este medida se sustenta en “razones imperiosas de interés general como la protección del entorno urbano” y en el objetivo de política social vinculado al derecho a la vivienda, dejando claro que “no se prohíbe el turismo en ningún momento”, pero sí que se regula “aplicando el sentido común” para que su crecimiento no suponga una amenaza “al derecho a la vivienda y al derecho de los gaditanos a vivir en su propia ciudad”.
El colectivo Calle Viva, que desde hace unos años lucha contra la turistificación en la capital gaditana, ya celebraba días atrás con cautelas el punto aprobado en noviembre, un acuerdo que “llega tarde” pero que es “bueno para la ciudad”.
