“Nos preocupa el sesgo violento de las actuaciones policiales frente a unas movilizaciones y la tibieza frente a otras. Más aún cuando la realidad muestra una preocupante deriva ideológica en los mandos y fuerzas policiales”. De esta manera, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha mostrado su “absoluta indignación” por las actuaciones policiales que se están viviendo en la Bahía de Cádiz con motivo de la huelga indefinida de trabajadores del metal, y anuncia la interposición de una queja ante el Defensor del Pueblo.
“La huelga es un ejercicio de derechos fundamentales absolutamente legítimo, más aún el contexto de una provincia con unas tasas de desempleo, exclusión y pobreza alarmantes; es necesario garantizar puestos de trabajo, pero también es imprescindible que esos puestos tengan salarios adecuados y condiciones laborales dignas y dentro de la legalidad”, reflexiona esta entidad sobre la lucha del metal gaditano por un convenio colectivo que no le recorte más derecho.
Al respecto, señala que “combatir la precariedad laboral es combatir la pobreza en una situación en la que, cada vez, hay más trabajadores en situación de exclusión social por la eventualidad en el empleo y las condiciones laborales precarias”. Por ello, la Apdha respalda las legítimas las reivindicaciones de estos trabajadores de pymes del sector del metal que además “van más allá de su convenio y que suponen la defensa de un trabajo digno y del futuro de generaciones”.
“DURA Y DESCONTROLADA ACTUACIÓN POLICIAL COMO RESPUESTA DEL GOBIERNO”
Por estas razones, en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía se muestra especialmente preocupada “por la respuesta” por parte del Gobierno español de PSOE y Unidas Podemos: “una reacción represiva a través de una dura y descontrolada actuación policial”.
“Las imágenes de las tanquetas recorriendo los barrios de nuestras localidades, barrios de trabajadores, son impropias de la situación que vivimos”, incide esta entidad, apostillando que “el exceso policial no contribuye a facilitar el ejercicio de derechos, sino que busca una mayor confrontación y exaltar los ánimos ya suficientemente crispados en un conflicto que nos afecta desde hace décadas”.
Por ello, se califica esta actuación por parte del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez como “una muestra del autoritarismo propio del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la sazón diputado por Cádiz, que no tiene otra alternativa que la represión”.
“Frente a los trabajadores del metal en huelga o frente a la inmigración, Grande-Marlaska es un ministro impropio de un gobierno que se califica de progresista pero que, a la hora de la verdad, gestiona las situaciones únicamente con mano dura y con una absoluta falta de respeto a los derechos”, se reitera. Mas aunque se focalice en el ministro responsable de la Policía Nacional y la Guardia Civil (que curiosamente estos días protestas para que no se derogue la conocida como ley mordaza) “el resto del Ejecutivo apenas ha mostrado interés o preocupación por las actuaciones policiales que se desarrollan en Cádiz”.
En este contexto, la Apdha denuncia en particular que la actuación policial en la manifestación pacífica del martes 23 en la capital gaditana “fue absolutamente desproporcionada”. Sostiene que en una situación de “tranquilidad y apoyo masivo de la ciudadanía” al colectivo de los trabajadores del metal, “la utilización de botes de humo, gases lacrimógenos, la no identificación de los agentes y el lanzamiento de pelotas de goma es rechazable, especialmente cuando se muestran imágenes de palizas policiales a personas mayores indefensas”.
Por todo ello, este colectivo exige que la Subdelegación del Gobierno en Cádiz (el alcalde de la capital ya ha pedido la dimisión del subdelegado José Pacheco como “responsable” de las cargas de los antidisturbios del martes) y el Ministerio del Interior “investiguen este tipo de actuaciones y que se depuren responsabilidades. Se trata de comprobar si estos excesos responden a las órdenes de los superiores o a una tendencia ideológica de los propios miembros de la Policía”. Y es que “nos preocupa el sesgo violento de las actuaciones policiales frente a unas movilizaciones y la tibieza frente a otras”.
Además, la Apdha avanza que interpondrá una queja ante el Defensor del Pueblo Español por los “excesos” policiales en el contexto de la huelga del metal, y, especialmente, los relacionados con la gran manifestación del día 23.
En la tarde del martes de forma espontánea se convocaba por redes sociales una cacerolada de protesta en Cádiz desde ventanas y balcones para rechazar la brutalidad de la Policía. Y para la tarde de este miércoles se anunciaba una concentración por el mismo motivo frente a la Subdelegación.
Mientras tanto, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, sigue negando que exista “represión” en la huelga del metal, y asevera que la Policía se emplea con una “fuerza proporcionada”.
