Un pleno extraordinario y urgente del Ayuntamiento de Puerto Real, celebrado en formato virtual, ha aprobado un expediente de modificación presupuestaria con la finalidad de reducir la deuda municipal.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la alcaldesa, Elena Amaya, ha querido resaltar cómo desde el equipo de Gobierno de PSOE y AxSí “se está trabajando intensamente” con el fin de conseguir “lo que el Ayuntamiento tanto necesita: reducir la deuda”.
“Este fue uno de los compromisos que adquirimos cuando llegamos al Ayuntamiento puesto que históricamente la deuda asfixia las arcas municipales y por ende repercute en la ciudadanía. Hasta ahora la deuda o ha subido o se ha mantenido y gracias al trabajo que se está llevando a cabo desde el área económica con Rufino Morillo al frente, estamos consiguiendo reducir el endeudamiento”, presume la primera edil socialista.
De este modo, durante la sesión plenaria, el responsable del área económica, Rufino Morillo, ha explicado que la liquidación presupuestaria del ejercicio 2019, realizada el pasado mes de julio, arrojó un remanente de Tesorería de más de 13,7 millones de euros de superávit.
Dadas las obligaciones establecidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera (la conocida como Ley Montoro, impuesta en su momento por el PP), el destino de este dinero ‘sobrante’ de dedica: en primer lugar, a devengar dos partidas de 2,3 millones y 1,2 millones a pago a acreedores y devoluciones de ingresos; y en segundo lugar, se destinan más de 7,7 millones de euros para el pago de deudas reconocidas pero no reflejadas en el presupuesto con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.
El resto, cerca de 2,6 millones, es la cantidad que se destina a amortizar préstamos de larga duración, “con lo que se consigue reducir la deuda en lo que se debe pagar por estos créditos”. Ello unido a 1,8 millones que se redujeron a finales del año pasado (dicha cantidad se abonó a la Tesorería para la cancelación anticipada del fraccionamiento de la deuda con este organismo), supone casi 4,4 millones de euros menos de deuda general (no se ofrece la cifra total).
“AMAYA ESTÁ ACTUANDO COMO ALUMNO AVENTAJADO DE MONTORO”, SEGÚN EQUO
La concejala de Equo votó en contra de esta amortización de 2,6 millones de deuda, a cargo del remanente positivo del ejercicio 2019. “Dicho de otra forma, como hay dinero en la caja del Ayuntamiento, adelantamos el pago de esta pequeña parte de la enorme deuda pendiente que existe”, afirma la edil verde Vanessa Huerta.
Considera esta formación que el bipartito “debería haber optado por intentar una negociación con el Ministerio de Hacienda para conseguir que el remanente de tesorería o al menos una parte de él se hubiera podido usar para algunas de las muchas necesidades que tiene nuestra ciudad. Es como la persona que está pagando una hipoteca y prefiere adelantar algunas cuotas antes de hacer frente a los gastos de la casa como arreglar una lavadora”.
Además, aclara que durante el pasado mandato (con gobierno de Podemos y Equo) se dio esta situación y entonces se optó por no amortizar más deuda: “una de las razones por la cual el actual Gobierno no ha tenido ningún problema de liquidez a corto plazo desde su llegada, lo que ha permitido, por ejemplo, pagar las nóminas con tranquilidad”.
Huerta pasa a desgranar los números para explicar el posicionamiento de su partido: “la deuda total con bancos es de 76 millones, intereses aparte, que con la operación aprobada en pleno se ha quedado en algo menos de 73,5 millones. Y ello sin contar los cerca de 8 millones que aún se le debe a la Seguridad Social y Agencia Tributaria”.
Teniendo en cuenta estas cifras de deuda “tan enormes”, Equo subraya que “es obvio pensar que este Ayuntamiento va a necesitar muchos años para devolverla”. “Si analizamos la liquidación del presupuesto de 2019 descubrimos que en ese ejercicio ya se pagó entre deuda e intereses un total de 3,36 millones de euros. Si ahora le sumamos esta nueva amortización de deuda de 2,6, resulta que ha pagado en total cerca de 6 millones en un sólo ejercicio. Cantidad que supone el 16,4% del presupuesto municipal”, se expone; y se interpreta que “es una brutalidad que en la práctica impide poder dar unos servicios públicos decentes”.
