La situación de la monarquía en España le está robando estos días protagonismo a la pandemia del coronavirus, y no es para menos. Juan Carlos I, impuesto por la dictadura fascista para suceder a Franco y rey en ejercicio desde noviembre de 1975 hasta junio de 2014, fecha de su abdicación (la Jefatura del Estado pasó a su hijo Felipe VI, todo queda en familia), acaba de anunciar que ha huido del país “ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada”.
Al llamado rey emérito le persiguen presuntas conductas nada ejemplares ni parece que muy legales, y busca así no enturbiar la figura de su heredero y de la institución arcaica que le ha pagado el sueldo y privilegios, con dinero de todos los españoles, durante más de cuarenta años. Unos hechos que son rumores (y no) desde hace años, pero que pocos se atrevían a hablar de ellos públicamente.
Uno de ellos fue el exalcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, que incluso acabó juzgado y condenado, por la Audiencia Nacional (y el hoy ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, como juez), por hablar de la conducta del Borbón “y, en definitiva, por decir lo que hoy reconocen como cierto los medios de comunicación de todo el mundo”, subrayan ahora desde la Asamblea Local de Izquierda Unida en la Villa, que de este modo quiere reivindicar a quien fue “victima de la injusticia judicial y de la impunidad de la Corona”
Barroso fue condenado en 2009 por injurias a la Corona (tuvo que pagar una multa de unos 6.500 euros) “en un juicio en el que se demostró que ni importaba la verdad ni la justicia es igual para todos y que la única finalidad era demostrar que la Corona está por encima de la ley”. Por otra parte, “la realidad ha demostrado que sus palabras (no hay palabras bonitas para describir la conducta del emérito y su dinastía) eran pocas para lo que se está revelando”, entienden desde el que fue su partido.
“Es hijo de un crápula, de una persona de condición licenciosa, deplorable, deleznable. No menos licenciosa que la de su esposa. El rey, señores, porque su procedencia lo es, es corrupto”: es parte de la perorata que lanzaba el entonces alcalde puertorrealeño en un acto coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Segunda República. La Fiscalía actúo de oficio remitiendo las palabras a la Audiencia Nacional. Barroso defendió en el juicio el “ejercicio de su libertad de expresión” e incidió en que sus declaraciones estaban basadas en “libros, tratados y estudios históricos”. Entre otras cosas, apuntó que los “escarceos amorosos” del monarca no le parecían mal, pero sí que “se lo paguen con los fondos reservados del Estado como se acredita en más de un libro”.
“El tiempo que a veces da y quita razones, le ha dado la razón a nuestro compañero José Antonio Barroso. A veces el tiempo pone a cada uno en su lugar y en este caso, el tiempo ha puesto a Juan Carlos I en el camino de la huida vergonzosa, senda que ya es costumbre en la dinastía de los Borbones”, aprecian desde Izquierda Unida.
“HABÍA UN PACTO DE SILENCIO CÓMPLICE EN TORNO A LA CORONA”
Más allá del juicio, y la multa, para IU Puerto Real (que en las últimas elecciones municipales de 2019 se presentaba en coalición con Podemos bajo la marca Adelante), aquella sentencia de hace más de una década “nos condenaba al silencio no solo a José Antonio sino a toda la ciudadanía, nos condenaba a la ignorancia sobre los hechos reales y a someternos a la mentira y las tropelías de los de arriba como forma de conducta, o lo que es lo mismo, nos reducía a todas a la condición de súbditos. Pero ya sabemos que esa es la esencia de la monarquía y de la justicia monárquica”.
“Y no es que no se supiera entonces de las andanzas reales, se sabía y mucho –se asevera-; es que había un pacto de silencio cómplice en torno a la Corona compuesto no solo de los poderes fácticos habituales sino un coro de aduladores mediáticos sobrevenidos que se declaraban juancarlistas, al calor del relato amañado del 23-F”.
Además, añade la coalición izquierdista, ese juicio y sentencia que caía sobre el entonces alcalde “fue hábilmente aprovechada por la oposición municipal que echó leña al fuego con la finalidad de lograr la Alcaldía de la manera más vergonzosa”. “Pero quizá lo más doloroso en lo personal fue la facilidad con la que una mala sentencia (errónea, parcial, injusta) prendió en sectores del pueblo más ruidosos que numerosos, pero bien espoleados por personas sin escrúpulos”, se añade.
Izquierda Unida considera que este tipo de juicios y sentencias “solo consiguen que dejemos de creer en la justicia, desvelan su parcialidad y emponzoñan la vida intentando romper la fraternidad de la gente común”.
En este punto, esta formación entiende que “es la hora de reivindicar la libertad. La libertad de expresión, sin más limite que el de no faltar a la verdad, y por eso reivindicamos también el derecho a la memoria y rechazamos los relatos inventados”. Además, considera que “es hora de reivindicar la igualdad. La igualdad de todas las personas ante la ley sin excepciones coronadas. Y con ella el fin de la inviolabilidad, la inmunidad, la impunidad y el aforamiento de quienes no han sido elegidos en las urnas”. Y al mismo tiempo pide poner en valor la fraternidad que “nos permite resistir ante los poderosos y, por lo tanto, es de justicia reconocer en Barroso a una víctima de la justicia monárquica y resarcir a nuestro compañero y vecino por el linchamiento mediático y oportunista al que fue sometido”.
José Antonio Barroso es un histórico de la Bahía; trabajador del metal, fue alcalde de Puerto Real entre 1979 y 1995 y desde 1999 hasta 2011; en esos comicios, en los que el extinto PA logró mayoría absoluta, IU se quedó apenas con dos concejales, y dimitía al día siguiente. También presidió durante varios años la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz.
