La consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha, a partir de fondos estatales, principalmente, un programa extraordinario de ayudas para el alquiler de vivienda, ideado para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la crisis del coronavirus en los hogares de las familias más vulnerables de la comunidad autónoma.
Se trata de un programa que se nutre de fondos del Estado, a los que la Junta ha sumado una aportación extra. En concreto, cuenta con un montante de 30 millones de euros para toda Andalucía, “después de que la administración autonómica haya incorporado una partida adicional de 13 millones a los fondos insuficientes del Gobierno central (más de 17 millones), cuya dotación no respondía a la demanda y las necesidades reales de la población andaluza”, según la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre. Se prevé beneficiar a unas 8.500 familias.
De estos fondos, el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado algo más de 5,6 millones para la provincia de Cádiz (4,1 millones durante 2020 y 1,5 millones en 2021), con objeto de ayudar a más de 1.500 personas (cifra que dependerá del precio de los alquileres).
Mestre afirma en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que “son muchos los gaditanos que necesitan estas ayudas porque en estos momentos no pueden pagar el alquiler, por lo que vamos a poner fondos de los que dispone Andalucía para las políticas de vivienda ordinarias para afrontar la crisis extraordinaria del Covid-19 en materia de alquiler de vivienda”.
Estas ayudas fueron aprobadas en la Orden Ministerial 336/2020 de 9 de abril por la que se incorpora, sustituye y modifican programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en cumplimiento del Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al coronavirus. El desarrollo y gestión de estas ayudas es competencia de las comunidades autónomas.
Desde la consejería de Fomento ya se está trabajando en las bases reguladoras. De esta manera, la convocatoria será totalmente telemática, en concurrencia no competitiva y por la cual se podrá abonar el cien por cien de la renta del alquiler, con un máximo de 900 euros. Esta ayuda se podrá solicitar con carácter retroactivo desde el 1 de abril y durante un periodo de seis meses, hasta el 30 de septiembre, según consta en la Orden Ministerial.
REQUISITOS PARA SOLICITAR LA AYUDA
Los solicitantes deberán cumplir una serie de requisitos, como encontrarse en el paro, afectado por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o ser autónomo con una disminución de los ingresos del 40%. Además, deben estar empadronados en la vivienda de alquiler desde hace al menos seis meses y no disponer de vivienda en propiedad. Con carácter general sus ingresos deben ser menores de tres veces IPREM (1.613 euros al mes) en el mes anterior a la solicitud y el pago de la renta del alquiler más los suministros básicos (luz, agua, electricidad, gas, comunidad) tiene que ser superior al 35% de los ingresos de la unidad familiar.
Para agilizar trámites, se podrá acreditar mediante declaración responsable, pero en el plazo de un mes deberán aportar la documentación acreditativa. Las solicitudes, que se podrán presentar a principios de junio, se resolverán conforme vayan llegando hasta donde alcance el crédito disponible y será necesario tener dada de alta una cuenta bancaria para el ingreso de la ayuda.
Además, desde la consejería de Fomento se ha alertado de que el Gobierno central ha incurrido en una duplicidad de vías en materia de exención del pago del alquiler, recordándose que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ya aprobó una convocatoria por la cual las personas que no pueden pagar el alquiler podían pedir un préstamo avalado por el ICO (Instituto de Crédito Oficial). Por lo tanto, este préstamo hay que devolverlo y las ayudas de las que ofrece la Junta no.
