La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, ha abonado al Ayuntamiento de Cádiz casi 1,3 millones de euros que adeudaba, desde 2005, por el impago de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a promociones de viviendas del parque público autonómico.
Con dicho abono queda saldada esta deuda histórica que el Consistorio de la capital venía reclamando a la Junta, por vía ejecutiva, en concepto de IBI pendiente del período comprendido entre 2005 y 2018, correspondiente a varias promociones de viviendas, propiedad autonómica, cuya gestión tiene asignada la empresa municipal Procasa.
En concreto, la consejería de Fomento es titular en la ciudad de 66 promociones públicas, con 1.545 viviendas en arrendamiento. De ellas, 13 promociones, con 415 viviendas, están cedidas en gestión a la empresa municipal de vivienda.
ABONADO CASI OTRO MILLÓN EN 2019
Aparte de los más de 1,2 millones abonados por fin y que se arrastraban desde hace demasiado tiempo, en el primer trimestre del presente 2020, durante el pasado año la AVRA pagó al Ayuntamiento 522.090 euros en concepto de IBI correspondiente al parque público de vivienda en período de recaudación voluntaria y otros 424.134 euros por la vía ejecutiva.
Sumando todas las cantidades, son 2,1 millones de euros los que se han liquidado en los últimos 15 meses al Consistorio gaditano, de los que casi 1,7 millones se han abonado por vía ejecutiva.
Con ello, la administración autonómica dice ponerse al día en sus obligaciones tributarias con el municipio, a raíz de la decisión del actual Gobierno de derechas de priorizar el pago de las deudas contraídas con los ayuntamientos de la provincia en concepto de IBI por las viviendas de su titularidad, “facilitando a las administraciones locales liquidez para poder prestar sus servicios a los ciudadanos y atender sus necesidades”.
En esa línea y con el mismo objetivo, la AVRA mantiene negociaciones con el Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación, que gestiona el cobro del IBI de la mayoría de los municipios gaditanos –todos salvo Cádiz, Jerez y Rota-, para depurar las cuantías pendientes por las promociones del parque público, tratando de minorar intereses y recargos, de manera que todo el esfuerzo económico que se realice se centre en la deuda principal pendiente.
