La consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía garantizará tres comidas (desayuno, almuerzo y merienda) al alumnado en riesgo de exclusión social beneficiario del Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil, tras el cierre temporal de los centros docentes andaluces (y sus comedores) por el estado de alarma decretado en España ante la crisis del coronavirus.
Para ello, el Consejo de Gobierno ha acordado tomar conocimiento de la contratación por la Agencia Pública Andaluza de Educación, por tramitación de emergencia, del suministro de comidas para estos niños de familias con problemas económicos, que se quedan sin comedor. En las actuales circunstancias, resultaba inviable iniciar un procedimiento de concurrencia y esperar a la tramitación ordinaria o de urgencia prevista en la legislación en materia de contratación.
La consejería, según se anota en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, está trabajando con la máxima celeridad posible para que este servicio se restablezca lo antes posible “al ser una responsabilidad de las administraciones atender las necesidades básicas de los ciudadanos, especialmente de los niños”.
Así, se están analizando distintas fórmulas, en colaboración con otras instituciones públicas y/o empresas, para hacer llegar este refuerzo alimentario de la manera más eficiente y segura a los más de 18.000 alumnos beneficiarios de esta ayuda.
SE MANTIENEN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado no suspender los pagos a las empresas prestatarias de servicios, pese al cese de los mismos por la alerta sanitaria. Se da marcha atrás a la intención inicial del Ejecutivo de derechas, de romper contratos hasta que no se restableciera la normalidad.
Al respecto, la consejería de Educación (en manos de Ciudadanos), como consecuencia del cierre de centros educativos a partir de esta semana, había suspendido ya la ejecución de los contratos en vigor con las empresas que prestan los servicios de aula matinal, comedor escolar, transporte escolar y actividades extraescolares, así como los servicios de apoyo a alumnado con necesidades educativas especiales (PTIS) e intérpretes de lengua de signos (ILSE). Y claro, no faltaron las críticas y quejas sindicales.
Tras reconsiderarlo (y teniendo en cuenta los despidos que iba a generar) se establece que la Junta de Andalucía no suspenderá los pagos a las empresas contratadas por la administración a pesar de que éstas no puedan desarrollar sus actividades con motivo del cierre parcial de dependencias administrativas o entes instrumentales, “siempre que la empresa acredite la permanencia de la plantilla en las mismas condiciones laborales y durante el tiempo que dure la suspensión”.
