La delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz ha procedido a clausurar las cuatro sedes que la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) tiene en la provincia: concretamente en Cádiz, Jerez, Algeciras y Chiclana, en una actuación que se ha llevado a cabo desde la consejería de Hacienda, como órgano competente en materia de juego y apuestas y con la participación de la Unidad de Policía Adscrita.
Esta medida de cierre se enmarca en el ámbito de un nuevo procedimiento sancionador por actividad de juego ilegal. La multa prevista para estos casos puede ascender hasta los 300.000 euros y es competencia de la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego dependiente de dicha consejería de Hacienda. La propia delegada del Gobierno andaluz, Ana Mestre, ha sido la encargada de dictar este cierre provisional con fecha de 10 de febrero, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz.
Lo que ha motivado esta medida, “casi inédita” en el Estado español, es la “ineficacia” de las sanciones administrativas para evitar que esta organización persista en su actividad de juego ilegal. Han sido cientos de miles de boletos decomisados por la Policía andaluza sin que ello haya impedido que se mantenga dicha infracción.
De las más de 1.000 multas impuestas por la delegación del Gobierno andaluz en Cádiz en los últimos años por juego ilegal a la OID (vendedores, distribuidores, organización…), “no existe ninguna resolución judicial que haya dado la razón a la OID y haya anulado una multa. Al contrario, todas confirman que la OID no cuenta con autorización administrativa”, sostienen desde la Junta.
La OID es una entidad que se dedica al juego no autorizado mediante la venta ilegal de boletos, ofertando premios de distinta índole y amparándose en tener trabajadores discapacitados. Sin embargo, dentro de los informes de la Policía autonómica, se constata que “la mayor parte de sus vendedores no tienen discapacidad alguna, ni ninguna de sus cuatro sedes están adaptadas para el acceso de discapacitados”.
Además, esta entidad de ámbito nacional actualmente se encuentra en concurso de acreedores. La organización no ha hecho frente a las numerosas sanciones impuestas desde la Junta por el desarrollo de un juego sin autorización administrativa en los últimos años, dada además su situación de impagos a los acreedores.
La delegación del Gobierno andaluz insiste en que está actuando de acuerdo a una resolución administrativa, de la que se ha dado audiencia a la administración concursal de la OID, sin perjuicio de que se pueda dar traslado de lo actuado a la fiscalía.
