El PSOE gaditano ha mantenido en su sede provincial una reunión con el colectivo de trabajadores del servicio privatizado de comedor del acuartelamiento de Camposoto para abordar la situación de la plantilla que viene padeciendo desde hace meses una suspensión de pagos por parte de la adjudicataria Dulcinea (que también está al frente del servicio en otras instalaciones militares de la provincia).
A finales de diciembre se conocía además el despido definitivo de las 17 personas que conformaban la plantilla de este comedor militar en La Isla y que prestaba servicio a través de la controvertida adjudicataria contratada por Defensa. Plantilla que lleva meses movilizada y que ha estado trabajando sin cobrar y en condiciones laborales indignas. Una situación que se repite además en otros acuartelamientos gaditanos, como en San Roque, Tarifa, Los Barrios y Algeciras.
En este encuentro, con presencia de la secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y parlamentaria andaluza, Araceli Maese, junto a la también parlamentaria, Noelia Ruiz, y la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, los socialistas han querido defender que siempre han apoyado la causa y que se sumarán a todas las iniciativas que se trasladen a las distintas administraciones para hacer presión, como ya se hizo el mes pasado en la Diputación donde una moción de Adelante al respecto fue apoyada por unanimidad.
Por su lado, la primera edil isleña ha repetido que le ha escrito cartas a la ministra de Defensa, Margarita Robles, explicándole el problema y requiriendo su intervención; y ha explicado a los trabajadores que según le han trasladado desde la subdelegación del Gobierno central, el contrato con Dulcinea “no está aún rescindido y precisamente se está trabajando en ello para poder licitar una nueva oferta pública”, y en este sentido, desde el PSOE consideran que el personal afectado, que en la provincia alcanza a 34 familias, debería ser subrogado.
Por todo ello, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, las representantes socialistas se han comprometido en esta reunión con los afectados a mantener un “contacto permanente” con el colectivo y apoyar todas las medidas de presión que puedan realizarse, y a mediar con el ministerio de Defensa “para ver si es posible que se acelere el proceso de resolución del contrato con la empresa”, aunque éste no vence hasta octubre de 2020.
Maese ha añadido que hasta esta semana el Gobierno estaba en funciones y espera que la conformación del nuevo Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos “sea un acicate para adelantar la solución definitiva”, toda vez que tiene que nombrarse al nuevo director general de Infraestructuras del ministerio de Defensa que sería el responsable de este asunto.
ADELANTE EXIGE A DEFENSA LA READMISIÓN
Por su lado, en estos días desde Adelante Andalucía se ha vuelto a exigir a Defensa la readmisión de los trabajadores de Dulcinea. “Es inadmisible que en una administración pública no se cumplan los derechos laborales y que se haya dejado tiradas de esta manera a estas trabajadoras: en la calle después de años de servicio, sin derechos y sin el salario de cuatro meses que todavía les adeudan”, lamentaba el parlamentario andaluz de la coalición de Podemos e IU, José Ignacio García, tras acompañar al colectivo en una de sus protestas a las puertas del cuartel.
“Seguiremos llevando este caso al Congreso de los Diputados y al Parlamento andaluz”, donde Adelante Andalucía ha presentado esta problemática al igual que Unidas Podemos en la anterior legislatura.
García aprovechaba para rechazar la privatización de servicios dentro de las administraciones: “esto es lo que pasa cuando se vende lo público a empresas que no cumplen los derechos laborales y que no tienen escrúpulos en dejar en la estacada a estas personas” y reiteraba la necesidad de “fortalecer los servicios públicos que son garantía para la ciudadanía y para los trabajadores y trabajadoras”.
Finalmente, recordaba que la propia Diputación ha dado luz verde a una moción de Adelante Cádiz para encontrar una solución inmediata para estas trabajadoras de la provincia: “la presidenta de Diputación, Irene García, y la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, no pueden mirar para otro lado”, sentenciaba.
