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Defensa adjudica la vigilancia de sus instalaciones en Cádiz “a una empresa pirata que pretende dejar en la indigencia a la plantilla”


El PSOE ha pedido a la ministra de Defensa que no venga a la provincia de Cádiz “sólo para poner medallas y presenciar desfiles” y “se dedique también a arreglar la vida de las personas”. Se le recuerda el conflicto laboral que sufre el casi medio centenar de vigilantes de los edificios pertenecientes a Defensa en la provincia, “que se encuentran a día de hoy sin cobrar tras la subrogación de la empresa de seguridad y el contrato otorgado a Marsegur”; esta adjudicataria pretende imponer a la plantilla una reducción salarial media de 400 euros al mes.

El PSOE ha pedido a la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, que no venga a la provincia de Cádiz “sólo para poner medallas y presenciar desfiles” y “se dedique también a arreglar la vida de las personas”. Al respecto, la diputada por Cádiz en el Congreso, Miriam Alconchel, le ha recordado a la popular el conflicto laboral que sufre el casi medio centenar de vigilantes de los edificios pertenecientes a Defensa en la provincia, “que se encuentran a día de hoy sin cobrar tras la subrogación de la empresa de seguridad y el contrato otorgado a Marsegur”.

La socialista le ha pedido a De Cospedal que se implique directamente en la resolución del problema originado para esas familias por el propio Ministerio que ha decidido adjudicar esos servicios a “una empresa pirata que pretende dejar en la indigencia laboral a este colectivo”.

Alconchel, que se ha solidarizado en nombre del PSOE con el colectivo que viene manifestándose desde hace varias semanas a las puertas de los centros de trabajo –esta misma semana se han concentrado en la puerta del Cuartel de Torregorda (INTA), entre San Fernando y la capital-, ha anunciado que en unos días mantendrá una reunión con representantes sindicales de estos trabajadores para trazar una estrategia de actuación de cara a posibles iniciativas de presión al Gobierno de Rajoy “que tiene que reaccionar y no mirar para otro lado”.

Desde el PSOE se insiste en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz en que “el Ministerio está siendo cómplice de las malas prácticas de subcontratas que no respetan los convenios colectivos y aplican condiciones laborales muy por debajo de las que venían dándose en el sector o lo que es peor, no está pagando”.

“Con todas las reducciones que plantea la nueva empresa, la realidad es que el salario neto mensual nunca superará los 750 euros, cuando la patronal acaba de reconocer que es imposible vivir con un sueldo 800 euros”, ha recalcado este política jerezana, que subraya que “Rajoy vende una economía que crece al 3% mientras admite que una precarización brutal del empleo vinculado en este caso al sector público”.

Pero es que “esto está pasando también en la vigilancia de edificios del Ministerio de Empleo o de la Seguridad Social” y “cuando le hemos preguntado por esta situación el Gobierno eche balones fuera pretendiendo revestir el proceso de normalidad legal, cuando claramente se está produciendo al amparo de las instituciones públicas y con el marco de la reforma laboral un claro abuso empresarial hacia estos trabajadores”, sentencia Alconchel.

ALERTA TERRORISTA E INDIGENCIA LABORAL

De hecho, una sentencia dictada por la Audiencia Nacional declara contrario a derecho el nuevo convenio colectivo de la empresa Marsegur. UGT, CCOO, USO y SPV insisten en que lo que están viviendo estos trabajadores “no es más que la precariedad que el Gobierno fomenta en las licitaciones de los concursos públicos, teniendo en cuenta la situación actual de alerta en que nos encontramos en este país, y tratándose de trabajadores que aun no siendo considerados cuerpos de seguridad del estado, de sus trabajos depende la seguridad de Instalaciones militares; a cambio Defensas premia al mejor postor, y tiene como consecuencia unas condiciones económicas y laborales para trabajadores de lo más indignante que les lleva a la indigencia y la pobreza”.

Estos sindicatos anuncian que van a promover y participar en todas las acciones de protesta de este colectivo, “apoyándonos en la legalidad vigente”; y no descartan acciones más contundentes, incluida una próxima convocatoria de huelga a valorar por la plantilla en asamblea, acompañadas de las respectivas denuncias ante la Inspección de Trabajo, que ya se están llevando a cabo.


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