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El Consistorio puertorrealeño presenta alegaciones al derribo de Delphi ya que “se pierde capacidad de atracción inversora”


El Ayuntamiento de Puerto Real ha presentado alegaciones al pretendido derribo de la planta de Delphi al juzgado de lo mercantil. Se entiende que lo que pretenden los administradores concursales es la destrucción de bienes del activo que han de servir para hacer frente a los créditos concursales por un valor de unos 8,2 millones de euros, el 55% del valor del inmueble. Asimismo, se resalta que las ofertas que están interesándose en los terrenos también lo hacen por la edificación.

El Ayuntamiento de Puerto Real ha presentado alegaciones al pretendido derribo de la planta de Delphi al juzgado de lo mercantil número 1 de Cádiz. Se entiende que lo que pretenden los administradores concursales es la destrucción de bienes del activo que han de servir para hacer frente a los créditos concursales por un valor de unos 8,2 millones de euros, el 55% del valor del inmueble.

En el documento registrado por el Consistorio se remarca que “para tan drástica e irreversible decisión, la administración concursal solo plantea que el mantenimiento desde 2011 a 2014 ha supuesto el coste de 2,3 millones de euros, sin tener en cuenta además ninguna solución alternativa, y lo que es peor, sin que se realice un análisis de cuál puede ser la incidencia en la liquidación de tal postura”.

En esa línea, la administración local considera que la petición de derribo es “claramente insuficiente” y no ahonda en si la medida supondrá una mejora de la situación de la liquidación o si simplemente será trasladar el problema a un futuro cercano “con el perjuicio de que el activo inmobiliario habrá visto mermado su valor en más de un 50% y la posibilidad de realización del mismo será remota por necesitar de una mayor inversión para su puesta en marcha”.

En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el Ayuntamiento puertorrealeño entiende que la medida supondrá “pérdida de masa activa” con la que hacer frente a los créditos por valor de entre 7 a 8 millones de euros. Además, la medida, ante las ofertas ya recibidas, “merma la posibilidad de conseguir la realización de los bienes, ya que hasta ahora todas las ofertas lo han sido respecto al suelo y edificaciones”.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento también aseguran que de llevarse a efecto la solicitud de derribo los interesados deberán hacer un mayor desembolso para acometer cualquier actividad, “hecho que además dilataría el inicio de cualquier actividad que hiciera interesante a un posible comprador dicho suelo industrial”.

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