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Una treintena de municipios gaditanos todavía no ha adaptado su planificación urbanística a la LOUA, ley vigente desde hace 16 años

La Junta ha sacado a la luz la situación en la que se encuentra la planificación urbanística en Andalucía “por la complejidad normativa, por una excesiva lentitud en la tramitación y por una invasión de las competencias locales en la toma de decisiones”. En el caso concreto de la provincia de Cádiz, 31 de sus 45 municipios todavía no tienen adaptados sus PGOUs a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en vigor desde 2003. El Gobierno de PP y Cs anuncia que prevé aprobar normativa para simplificar y agilizar los trámites “con garantía jurídica y medioambiental”.

El Gobierno de derechas de la Junta de Andalucía ha repasado estos días la situación en la que se encuentra la planificación urbanística en la comunidad autónoma “por la complejidad normativa, por una excesiva lentitud en la tramitación y por una invasión de las competencias locales en la toma de decisiones”.

Un informe presentado por la consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio constata que tres de cada cuatro municipios andaluces no disponen de instrumento de planeamiento general adaptado plenamente a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que “entró en vigor hace 16 años, en 2003”. En concreto, 607 municipios de los 786 existentes (un 77%) no se han adaptado totalmente a la LOUA. En el caso de la provincia de Cádiz, son 31 localidades de las 45 de su territorio.

El 82% de los municipios de la región se encuentra actualmente tramitando un nuevo planeamiento, es decir, que 496 planes urbanísticos “están atascados”, a decir de PP y Cs, (18 en la provincia gaditana) o bien a la espera de superar trámites para su aprobación definitiva: en este caso 135 (5 en Cádiz), o bien en fases más iniciales, con un total de 361 en fase de avance (9 en Cádiz), aprobación inicial o pendientes de aprobación provincial (4 en la provincia).

Al respecto, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, ha tachado de “decepcionantes” los datos que “nos hemos encontrado y sin duda alguna debemos ofrecer mayor responsabilidad y agilidad por parte del nuevo Gobierno para poner en orden el planeamiento de nuestra tierra”. “La nueva norma que estamos preparando va a permitir simplificar la burocracia y agilizar los trámites con total garantía jurídica y medioambiental”, ha añadido.

A decir de Mestre, ahora desde la Junta “estamos trabajando porque queremos ser la administración que ayude, que desatasque y venga a ser cómplice de las aspiraciones de los municipios y esas aspiraciones se plantean dentro del Plan General y tienen que estar adaptadas a la Ley de Ordenación del Territorio”. Asimismo, aboga por “la unificación de criterios” y solicita la colaboración de los ayuntamientos “para poder subsanar las deficiencias, reduciendo significativamente los plazos”.

“GANAR FLEXIBILIDAD”

El informe de la consejería de Fomento, ahora en manos del PP, resalta que la principal causa del retraso en la tramitación de los planes genera es la complejidad de la normativa urbanística y medioambiental, y destaca que mientras en el año 2009, entre la aprobación inicial y la definitiva, existía una media de 2,7 años, en la actualidad esa media se sitúa en 9 años. Si se cuentan los tiempos de tramitación de los avances, el plazo de tramitación de estos planes urbanísticos supera ampliamente los 10 años. A este respecto, la consejería ya ha comunicado a los ayuntamientos afectados que tienen que publicar sus PGOUs “lo antes posible”. En este sentido, el documento reseña que en estos meses de Gobierno de derechas “se han aprobado seis instrucciones para acortar plazos de tramitación y aprobación, unificar y aclarar la aplicación de la normativa urbanística y ganar flexibilidad en el desarrollo de los planes generales”.

Entre ellas, destaca la eliminación del trámite de aprobación provisional en instrumentos de planeamiento tramitados y aprobados por la misma administración, la unificación de criterios para resolver la aprobación definitiva o la creación de mesas de trabajo con los ayuntamientos para la subsanación de deficiencias y suspensiones de los PGOUs, reduciendo significativamente los plazos (pasando de más de un año a unos cuatro meses).

Todo ello se ha puesto en marcha con independencia de las restantes medidas de agilización y simplificación que se incluirán en la nueva ley urbanística de Andalucía, “que abogará por una administración más ágil, con unas reglas de juego claras y sencillas, en las que prime la calidad de los ciudadanos, la seguridad jurídica y actuaciones que sean ambiental, económica y socialmente sostenibles y que escuche e implique en el proceso a todas las administraciones, muy especialmente a los ayuntamientos”, se asevera..

LA DIPUTACIÓN ASISTIRÁ A LOS PEQUEÑOS AYUNTAMIENTOS

Al hilo de esta información, la Diputación de Cádiz ya ha avanzado que asistirá a ayuntamientos de municipios con menos de 20.000 habitantes que necesiten revisar sus planes o normas de ordenación urbana. En esta tesitura se encuentran, al menos, una decena de pueblos gaditanos.

“Desde las oficinas del Servicio de Asistencia a Municipios siempre hemos atendido estas demandas de los ayuntamientos. Ahora vamos a intensificar esta cobertura para actualizar la principal herramienta urbanística de las localidades”, ha indicado en una visita a Olvera el diputado provincial responsable Javier Pizarro. Está por determinar si esta asistencia técnica se afrontará con personal propio o si se resolverá con la contratación de profesionales externos.

La Diputación asume estas encomiendas municipales a tenor de las limitaciones presupuestarias y escasez de personal de los ayuntamientos. Se trata además de un trabajo que requiere una atención específica y, prácticamente, exclusiva.

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