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Sindicatos piden la dimisión del concejal de Personal chiclanero: “no está capacitado para negociar ni para llegar a consensos”

Los cuatro sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Chiclana han exigido la inmediata dimisión del concejal de Personal y Policía Local, el socialista José Manuel Vera, “por su incapacidad y reiterada falta de competencia”: “no respeta lo acordado, no está capacitado para negociar ni para llegar a consensos, carece de buena fe y resulta discriminatorio en las actuaciones que promueve”, se resume.

CSIF, CCOO, UGT y CGT, sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Chiclana, se han puesto de acuerdo para pedir la inmediata dimisión del concejal de Personal y Policía Local, José Manuel Vera, “por su incapacidad y reiterada falta de competencia en la gestión de las materias propias de estas delegaciones”.

Coinciden en que este concejal del PSOE “no está capacitado para gestionar las responsabilidades que ostenta” y lo consideran origen de una situación “tan conflictiva como innecesaria”.

En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, las secciones sindicales del Consistorio chiclanero tachan de “indignante” que quien dirige la concejalía de Personal “prescinda del principio de buena fe negocial de manera tan repetida y en toda negociación que lleva a cabo con los representantes de la plantilla”, y “aún más indignante” que no respete lo ya acordado, “evidenciando además un mínimo interés por llegar a acuerdos en cuestiones que son estructurales para la plantilla municipal”.

Un ejemplo de lo anterior, se afirma, es la dinámica que este edil socialista lleva a cabo “cuando considera que el mero hecho de trasladar un asunto a una mesa de negociación, o convocar una reunión para tratarlo es para él un asunto negociado, buscando posteriormente el bloqueo de los temas para abandonar las negociaciones e imponer sus criterios de forma unilateral, con el respaldo de una aparente legalidad”.

Otro asunto que para CSIF, CCOO, UGT y CGT muestra “su parcialidad, tendenciosidad y sus tintes antidemocráticos” es “la desigualdad clamorosa a la hora de tratar casos similares, vulnerando el principio de igualdad consagrado en la Constitución”.

Se añade que la gestión de las plazas de estabilización de las Ofertas de Empleo Público (OEP) de 2018 y 2019 es “un ejemplo bochornoso de discriminación”. Se trata de manera diferente a personas en situaciones similares (“todas en flagrante fraude de ley”) “sin que exista justificación objetiva y razonable”. Además, se vulneran los acuerdos en materia de estabilización adoptados a todos los niveles incluyendo a este Ayuntamiento.

De 20 plazas se aprueban en Junta de Gobierno Local cinco hasta el momento, de las cuales hay una en concurso-oposición y cuatro en oposición libre, pero siguen remitiéndose borradores de otras en concurso-oposición. Con otras, directamente, parece que hay intención de no convocarlas protegiendo así a las personas que las ocupan.

Estos sindicatos también censuran la “falsedad de sus intervenciones ante la prensa”, vendiendo como creación de empleo la oferta de plazas que ya están cubiertas o como en el caso de ingeniero de caminos sacando su plaza cuando hay dos más en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) vacantes sin cubrir. O bien la utilización de una herramienta organizativa como la RPT para introducir modificaciones “que permitan premiar o castigar a personas concretas según se quiera”, nombrando por ejemplo a un aparejador municipal Jefe de Servicio de Proyectos y Obras. O la creación de plazas que en un futuro (una plaza de economista) puedan ocupar personas concretas, como el economista que ya trabaja para el Ayuntamiento estando contratado en Chiclana Natural. “Por el contrario, utiliza ceses y traslados sin justificar como represalia laboral discrecional”, se apostilla.

El “colmo de todo” es la coletilla final con la que Vera concluye sus argumentaciones, “invitando a todo el que no esté de acuerdo con sus postulados a acudir a los tribunales. Por cierto, con nefastos y costosos resultados para el Ayuntamiento”, aprecian los sindicatos con representación municipal.

En resumen, CSIF, CCOO, UGT y CGT consideran que el concejal de Personal “no respeta lo acordado, no está capacitado para negociar ni para llegar a consensos, carece de buena fe y resulta discriminatorio en las actuaciones que promueve”.

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