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El alcalde está deseando declarar en el juzgado para “contar la verdad” sobre los chiringuitos: “quieren sentarme en el banquillo como sea”

El alcalde de Cádiz, que ha sido llamado a declarar ante el juez en las diligencias previas sobre el caso de los chiringuitos, insiste en que ha habido “un error de interpretación grave” por parte de la Junta que es en lo que se fundamenta Cs para interponer su denuncia “de una forma malintencionada”. Y repite que lo que se hizo fue consultarle a la administración regional si se podía hacer la transmisión de la titularidad, pero “eso no implica que se haya producido”. La Junta no opina así.

“El verdadero objetivo de Ciudadanos, PP y PSOE es sentarme en el banquillo como sea antes de las elecciones y no defender los intereses generales de Cádiz”. Es el lamento del alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, tras su citación para declarar esta semana ante el juez en las diligencias previas sobre el caso de los chiringuitos, a raíz de la denuncia presentada en verano por la formación naranja; Cs le acusa de presunta prevaricación y malversación de fondos públicos con la gestión de estos establecimientos playeros por la supuesta trasmisión de la concesión de las explotaciones a los propios empresarios, algo que el Gobierno local rechaza que se haya llevado a cabo, aunque la Junta de Andalucía da por hecho que sí.

El primer edil insiste en que en este tema la administración municipal “ha actuado en todo momento con la ley de nuestro lado” y pensando “en el interés general”; y por ello mismo dice estar “deseando” declarar en sede judicial para “contar la verdad sobre el tema” y que “se resuelva cuanto antes y de la mejor manera posible para la ciudad”.

En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, González Santos ha querido dejar claro el “compromiso” del Ayuntamiento con la desestacionalización de la actividad de los chiringuitos, con la estabilidad del empleo y, al mismo tiempo, con la sostenibilidad de las playas; mientras que, en su opinión, el “único interés” que mueve a la franquicia local del partido de Albert Rivera es “sentar al alcalde de forma sistemática en los juzgados” hasta que se celebren las elecciones municipales de mayo.

A decir del regidor de Por Cádiz sí se puede “hay una solución” para este asunto que ha estado en todo momento encima de la mesa y que, desde luego, “no es mentir ni llevarlo a los tribunales”. Dicha opción pasa por “redactar un nuevo pliego que contemple la posibilidad de que los chiringuitos permanezcan todo el año, pero previamente los concesionarios tienen que renunciar a su concesión”. Al respecto, ha añadido que “si todo el mundo tiene a bien reescribir las reglas del juego volvemos a iniciar la partida, pero lo que no se nos puede exigir a nosotros es que cambiemos las reglas del juego en mitad de una partida que está en marcha”.

“HA HABIDO UN ERROR DE INTERPRETACIÓN GRAVE POR PARTE DE LA JUNTA”

En este punto, el hoy alcalde ha vuelto a explicar la situación que su Ejecutivo se encontró en junio de 2015, “heredando un pliego de chiringuitos mal hecho por el PP y que no contentaba a nadie”, y a la vez un cambio en la normativa de la Ley de Costas que “transformaba las condiciones en las que se había firmado el contrato entre el Ayuntamiento y los concesionarios”. También estaban sobre la mesa las peticiones de los empresarios demandando que los chiringuitos permanecieran durante todo el año, aunque cuando se presentaron al concurso público aceptaban el pliego de condiciones, que exigía su desmontaje en invierno.

Ante ello, el Gobierno local decidió hacer “lo más sensato”, que era iniciar un expediente “en base a la transparencia, no a ‘sotto voce’ y con la luz medio apagada”, para ver qué podía hacer la administración municipal para dar solución al problema y atender a las demandas planteadas. Así, se solicitaron los correspondientes informes a todas las partes implicadas, es decir, al propio Ayuntamiento, a la Junta de Andalucía y a Costas.

Dichos informes incluían cuestiones, repite José María González, que “nos inquietan” en la medida de que “ponen el peligro el futuro de las playas”, como es la posibilidad de que “se amplíen las concesiones hasta 30 años, las ocupaciones hasta 300 metros cuadrados y que haya chiringuitos cada 150 metros”. Por ello, “el Ayuntamiento decidió no seguir adelante con el procedimiento”.

El alcalde enfatiza que desde el Consistorio “se han hecho únicamente dos movimientos: ver si se podía hacer la transmisión de la titularidad y qué implicaba y, viendo en base a dichos informes que contravenía el interés público, se decide no hacerlo”.

A juicio del primer edil, ha habido “un error de interpretación grave” por parte de la Junta que es en lo que se fundamenta Cs para interponer su denuncia “de una forma malintencionada”. E insiste en que lo que se hizo fue consultarle a la Junta de Andalucía si se podía hacer la transmisión de la titularidad, pero “eso no implica que se haya producido”.

Por todo ello, apostilla el alcalde de Cádiz, la denuncia del partido naranja “responde a otro interés que no tiene que ver con las playas, con la estabilidad del empleo o con el interés público”, sino que únicamente busca “judicializar la vida política e intentar sentar al alcalde de forma sistemática en los juzgados”, como ya lo hizo el PP meses atrás con el llamado caso Loreto, aunque el juez no le dio la razón a la derecha. Y ha reitera que acudirá a declarar “con la tranquilidad de quien hace las cosas por sus vecinos, por el interés general y sin nada que ocultar”.

“SÍ HUBO INTENCIÓN DE TRANSMITIR LA TITULARIDAD”

Por su lado, el delegado territorial de Medio Ambiente de la Junta en Cádiz, Ángel Acuña, ha sostenido este martes en declaraciones a la prensa que “no es cierto lo que dice el Ayuntamiento de que no hubo una intención de transmitir la titularidad a los hosteleros”. Este socialista afirma que a finales del pasado año se celebraron reuniones con técnicos y hosteleros “y en ella se manifestó su intención de transmitir la titularidad de las concesiones y solicitar dicha transmisión”.

Y tiene claro que “se produce como consecuencia del decreto de Alcaldía de 3 de noviembre de 2017. La Junta, posteriormente, solicitó subsanación de la documentación y el Ayuntamiento subsanó”. Nueve meses después, en agosto, el mismo Consistorio gaditano “solicita a la Junta tenerse por desistido de un procedimiento que había finalizado el 30 de noviembre de 2017 e inició voluntariamente el Ayuntamiento”, ha relatado Acuña.

APLAZADA LA DECLARACIÓN

El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha aplazado al 12 de diciembre la declaración del acalde que en principio se había fechado para este día 8. La titular del juzgado ha atendido a la petición planteada para que José María González pueda atender a “importantes responsabilidades” programadas para el jueves, cuando está convocado un pleno extraordinario en el que se abordará la nueva ordenanza de terrazas, y posteriormente, esta agendada la formalización del hermanamiento de la ciudad con la municipalidad ecuatoriana de Quito.

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