Ecologistas en Acción ha denunciado ante el Ayuntamiento de El Puerto el “resurgimiento” del fenómeno de las construcciones ilegales en el término municipal. Este resurgir de las viviendas irregulares se produce tras una disminución considerable en los últimos meses de estas construcciones levantadas sobre suelo rústico y, en algunos casos, en suelo protegido o especialmente protegido, a raíz de una campaña municipal de inspección y aplicación de la disciplina urbanística con la correspondiente imposición de sanciones.

 

“Pero, al parecer, bien por interés partidista o por presiones de las asociaciones de propietarios de estas viviendas ilegales, se han reducido o desaparecido las inspecciones, lo que está fomentando la impunidad con la expectativa de las anulaciones de las sanciones impuestas”, lamenta Ecologistas en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.

 

Este colectivo conservacionista dice haber podido comprobar que se siguen iniciando nuevas viviendas ilegales o se están reanudado aquellas que por temor habían sido paralizadas en los numerosos núcleos existentes de EMAs. En concreto, ha denunciado el inicio o reanudación de obras de varias viviendas ilegales en La Negra, Almendro I, San Antonio y carretera de Sanlúcar.

 

Ecologistas ha solicitado al Consistorio que “no se siga haciendo la vista gorda” con las edificaciones, urbanizaciones y parcelaciones ilegales “para no caer en el error de anteriores gobiernos municipales” y se aplique “con rigor” la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el Código Penal, “en todos sus extremos y consecuencias con la convicción que es el único camino para la erradicación de esta lacra social de nuestros tiempos”.

 

Por ello se ha solicitado que se inicien los correspondientes expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad urbanística, “que deben llevar a la demolición de todas estas construcciones ilegales. Así mismo hemos pedido se dé cuenta al Ministerio Fiscal de estos hechos”, añaden los ecologistas, que concluyen que se opondrán a que en el próximo PGOU “se legalicen estas  viviendas que se están construyendo con total conocimiento de causa, y exigiremos su total demolición”.