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Ayuntamientos de la Bahía de Cádiz, en defensa del taxi ante la llegada de Uber, exigirán juntos a la Junta que se posicione y se implique

La sede de la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz ha acogido la primera reunión de representantes municipales para hacer “un frente común” ante la implantación de las VTC en la comarca (acaba de empezar a operar Uber); encuentro al que posteriormente se han sumado representantes del taxi, sector que se ve amenazado en primera persona, y Facua. Se ha acordado instar a la Junta a que asuma sus competencias o las delegue en los ayuntamientos “que sí queremos participar en la regulación de los VTC”.

La sede de la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz ha sido testigo este jueves de la primera reunión de representantes municipales para hacer “un frente común” ante la implantación de las VTC (vehículos de turismo con conductor) en la comarca (acaba de empezar a operar Uber en la zona); encuentro al que posteriormente se han sumado representantes de diversas asociaciones profesionales del taxi, y Facua en representación de los consumidores.

Según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, la cita ha servido para sentar las bases para la elaboración de un documento con medidas comunes con objeto de presentarlas ante la delegación territorial de Fomento de la Junta de Andalucía en Cádiz. En este sentido, se solicitará una reunión con la responsable, Mercedes Colombo, para abordar cuestiones como la actualización y mejora del reglamento andaluz del taxi “del que existe un borrador que no respaldan los taxistas” o que en el caso de hacer omisión de su deber, “delegue las competencias en los ayuntamientos que sí queremos participar en la regulación de los VTC”.

La reunión entre representantes de consistorios de la Bahía ha contado con la asistencia de los concejales: Martín Vila (Cádiz); José Antonio Díaz y Rubén Pérez (Jerez); Javier Navarro (San Fernando); Millán Alegre (El Puerto); José Vera (Chiclana); Carlos Salguero (Puerto Real); y Juana Montes (Rota).

Tras su encuentro, los políticos (de Adelante Cádiz, PSOE y PP) han explicado en una reunión posterior a los profesionales del taxi presentes de la necesidad de exigir a la Junta de Andalucía su implicación en la defensa de este servicio público, y que incluya en la normativa autonómica el marco de protección a la actividad para así evitar la competencia desleal. Asimismo, se ha acordado celebrar un nuevo encuentro en breve para cerrar de forma definitiva la propuesta que se remitirá a la delegación territorial de Fomento.

APOYO UNÁNIME DE LOS AYUNTAMIENTOS AL SECTOR DEL TAXI

El concejal de Movilidad en la capital gaditana, Martín Vila, ha instado a la Junta a que se posicione ante la llegada de las empresas de VTC y que o bien asuma sus competencias aprobando el reglamento andaluz del taxi o las delegue en los ayuntamientos. Este edil izquierdista ha destacado la unanimidad de los distintos municipios de la Bahía para declarar su apoyo al sector del taxi “como ha hecho desde el primer momento el Ayuntamiento de Cádiz pues se trata de un servicio público que sustenta al menos en la ciudad a unas 300 familias, frente al modelo precario y de elusión de impuestos que mantienen las empresa de VTC”.

Vila, además, ha compartido con el resto de compañeros de ayuntamientos del área metropolitana la instrucción elaborada por la Jefatura de la Policía Local en la que se establece cómo actuar ante los posibles escenarios. Aunque Unauto VTC, la asociación que dice representar al 90% del sector en el Estado español, ha denunciado que esta circular “va en contra” del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT).

En la reunión mantenida este jueves, se ha establecido además la necesidad de modernizar el sector del taxi acorde a los tiempos actuales a través de la normativa municipal, “como está haciendo el Ayuntamiento de Cádiz” y de los propios taxistas “con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad”.

Por su lado, los concejales del Gobierno jerezano, José Antonio Díaz y Rubén Pérez, han planteado en la reunión tres medidas que deberían ser tomadas en cuenta en el marco de protección de la actividad, que pasan por que la precontratación de los VTC se haga una hora antes, la supresión de la geolocalización y el establecimiento de la estación base en la zona periurbana, siendo su base el acuerdo firmado entre el Consistorio de Jerez y Teletaxi hace unos meses. Ambos socialistas han incidido en la idea de que “la Junta, que es la administración que tiene la competencia en esta materia, no puede ponerse de perfil ante esta amenaza que pone en riesgo la economía de muchas familias jerezanas”.

Y el concejal de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de San Fernando, Javier Navarro, ha defendido la importancia de delimitar las competencias de cada uno de los dos sectores, puesto que “tenemos claro que se trata de dos sectores distintos con exigencias, condiciones y legislación diferenciadas y eso es lo que hay que procurar que se cumpla con la ley”. “Abogamos por la defensa de un servicio público que es importante y fundamental para muchas personas que no tienen un medio de transporte en casa. Además, el nuevo escenario que surge con las VTC supone un riesgo para la economía de 68 familias isleñas que viven del taxi y que se encuentran con una amenaza real y una competencia que puede resultar desleal y que pone en riesgo su economía”, ha añadido este edil del PSOE.

En el caso de El Puerto, en la actualidad cuenta con 75 licencias municipales de taxis, que prestan servicio a la ciudad. Y su concejal de Movilidad Sostenible, Millán Alegre, se ha comprometido a trabajar “conjuntamente, y de un modo coordinado” con la Policía Local para velar que se cumpla rigurosamente la legislación del sector.

Desde Puerto Real, su concejal de Movilidad, Carlos Salguero, ha adelantado que el Consistorio va a crear una mesa de movilidad en la que tengan presencia autobuses, taxis, comerciantes, etc. Coincide con sus homólogos de localidades vecinas en la importancia de delimitar las competencias de estos dos sectores que tienen condiciones y legislación diferenciadas “para que convivan de la mejor manera posible sin que el negocio de uno suponga un riesgo para el otro”.

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