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Plantean que el Ayuntamiento someta a consulta popular “el mantenimiento del adoquín” en las calles del centro histórico de Jerez

Desde hace ya unas semanas, se repiten concentraciones bajo el lema ‘Por la conservación del pavimento histórico en Jerez’; diferentes colectivos y partidos protestan por los planes del Gobierno local que “están desconfigurando la imagen del casco histórico”. Protestas a raíz de la “regeneración integral” del eje viario comprendido entre las calles Corredera, plaza Esteve, Santa María y Cedrón, que prevé menos adoquín y más asfalto. Al respecto, el PP propone una consulta popular para que sean los vecinos los que opinen.

Desde hace ya unas semanas, se repiten concentraciones bajo el lema ‘Por la conservación del pavimento histórico en Jerez’, en la plaza Vargas; diferentes colectivos y partidos protestan por los planes del Gobierno local del PSOE que “están desconfigurando la imagen del casco histórico”. Se defiende que el adoquinado es un patrimonio que caracteriza el casco antiguo y no comprenden las razones para que desaparezca.

La principal controversia salta a raíz del proyecto del Ayuntamiento de “regeneración integral” del eje viario comprendido entre las calles Corredera, plaza Esteve, Santa María y Cedrón (con más asfalto y menos adoquinado), en el que se prevé invertir casi 630.000 euros, la mayor parte fondos europeos. La previsión es que las obras puedan comenzar después de Semana Santa. Comprende un nuevo diseño en plataforma única, carril bici, reforma y ampliación de acerados y la colocación de macetones.

Desde el equipo de Gobierno liderado por Mamen Sánchez se defiende que la actuación ya fue informada favorablemente por la comisión local del Centro Histórico, en su última sesión celebrada en octubre, una vez que fue sometida a la consideración de los sectores comerciales, hosteleros y profesionales al objeto de alcanzar un amplio consenso sobre su contenido y plazos del ejecución, y en atención a sus demandas, ya que “nos venían solicitando el adecentamiento de estos viales, que presentan tramos de adoquinado muy deteriorados y con numerosas irregularidades que provocan exceso de ruido por el paso de vehículos”.

Y ahora, al calor de la polémica, el PP en el Ayuntamiento ha planteado un referéndum al respecto: “que sean los ciudadanos quienes decidan, mediante el sistema de consulta popular que establece la ley, quienes decidan si el adoquín en las calles del centro histórico y su entorno se debe mantener o no”.

El portavoz municipal del principal partido de la oposición, Antonio Saldaña, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, recuerda que tanto la Ley de Bases de Régimen Local como el Estatuto de Autonomía de Andalucía contemplan la realización de consultas populares locales. Como también el Reglamento de Participación Ciudadana recoge la consulta popular como “instrumento de conocimiento de opinión de los ciudadanos sobre asuntos de la competencia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para sus intereses”.

Esta formación de derechas entiende que ante el proyecto de regeneración de calles del centro histórico para la reducción de contaminación acústica que contempla la eliminación del adoquinado existente “se ha generado mucha controversia, crítica y debate social”. Son diversas las asociaciones y colectivos que se han manifestado públicamente en contra, partidos, ecologistas, asociaciones culturales y del patrimonio, vecinos (especialmente la Asociación del Casco Histórico) “y que consideran que el adoquinado es un patrimonio que caracteriza el casco antiguo de Jerez”, se incide.

En la propuesta presentada por el PP se señala que la comunidad autónoma es quien tiene la competencia exclusiva sobre protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico, competencia que tiene delegada al Ayuntamiento desde 2015 (renovada en 2017); sin embargo, “no se están cumpliendo los requisitos de participación ciudadana y respeto al patrimonio de la ciudad al plantear actuaciones de eliminación del adoquín”. Igualmente, los populares se quejan de “la decisión discrecional del Gobierno local de eliminar personas altamente cualificadas en materia cultural y de patrimonio de la comisión local de Patrimonio para evitar su oposición a este tipo de actuaciones”.

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