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La Junta trabaja en nueva edición de sus planes de empleo

La consejería de Empleo de la Junta de Andalucía asegura estar trabajando, para el primer semestre de 2020, en una nueva convocatoria de los llamados planes de empleo. Curiosamente esta misma semana alcaldes del PSOE en la provincia de Cádiz han exigido al gobierno autonómico que mantuvieran esta iniciativa que ha permitido en su última convocatoria la contratación temporal por parte de los ayuntamientos gaditanos de unos 4.500 parados.

La consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía asegura estar trabajando, para el primer semestre de 2020, en una nueva convocatoria de los llamados planes de empleo (se posibilita a las administraciones municipales la contratación temporal de parados, con fondos de la Junta). Curiosamente esta misma semana alcaldes del PSOE en la provincia de Cádiz han exigido al gobierno autonómico, ahora de derechas, que mantuvieran esta iniciativa lanzada años atrás en plena crisis-estafa, cuando todavía gobernaban los socialistas.

La última edición de estos planes de empleo se ha desarrollado “a buen ritmo” en la provincia gaditana. Desde el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se ha abonado ya el 100% del incentivo correspondiente en el caso de todos los municipios que los solicitaron. Estos planes han supuesto una financiación de más de 43,1 millones de euros para los ayuntamientos gaditanos (que a su vez, con quejas, han tenido que asumir con fondos propios las subidas de salarios no contempladas en su momento) y han permitido la contratación temporal de más de 4.500 desempleados.

En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la consejería de Empleo, en manos de Ciudadanos, incide en que es voluntad del gobierno andaluz actual “continuar confiando en los ayuntamientos andaluces para la ejecución de una de sus políticas activas de empleo de mayor calado”.

Esa reedición de los planes de empleo incorporará novedades como un incremento de las cuantías del incentivo en todos los grupos de cotización que permanecían invariables desde la primera edición, en el año 2014.

Además, en la próxima convocatoria también se va a introducir nuevos criterios para determinar el reparto municipalizado de la cuantía a asignar que además del número de habitantes y la tasa de desempleo incluirá otras variables como el factor de despoblación. Otra de las novedades será la inclusión de acciones personalizadas de orientación y/o inserción laboral, acordes a las necesidades y perfiles profesionales, una vez terminada su participación en esta iniciativa. Asimismo, se van a incorporar mejoras en la normativa reguladora, que faciliten la gestión y tramitación de las ayudas (por ejemplo, concreción de la graduación de criterios de reintegros en supuestos de determinados incumplimientos que actualmente no están definidos, etc.).

LA JUNTA “NO PAGA LOS SALARIOS”

Por otro lado, ante la situación generada a raíz de la sentencia de casación del Tribunal Supremo de noviembre de 2019 que ha fijado de forma definitiva que el salario de los trabajadores acogidos a los planes de empleo joven y empleo+30 no puede ser inferior al del resto de los contratados por los ayuntamientos porque, en caso contrario, sería discriminatorio para esos empleados; la Junta se lava las manos, y afirma que “no es la encargada del pago directo de los salarios”, sino que aprueba ayudas a los ayuntamientos “para que ellos, como entidades contratantes, asuman estos salarios, como recoge la normativa que regula los planes de empleo”.

Dicho en otros términos: la subvención que otorga la Junta concedida al amparo de la Iniciativa de Cooperación Local -parte de los planes de empleo- está definida, tanto en sus bases reguladoras como en la regulación europea, como un incentivo: “la participación de cada ayuntamiento andaluz en los planes implica, en su calidad de empleador, el sometimiento a la legislación laboral vigente y, en su caso, a las disposiciones de su convenio colectivo, lo que incluye, entre otras obligaciones, el abono de los salarios correspondientes, siendo los ayuntamientos los responsables de su cumplimiento”, se sentencia.

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