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La Diputación gaditana cierra las cuentas de 2018 con 41 millones de euros de superávit, y a la vez, incumpliendo la “estricta” regla de gasto

La Diputación de Cádiz ya tiene lista la liquidación del presupuesto de 2018, con un 86% de ejecución total: un superávit de 41 millones de euros (el Gobierno provincial preferiría poder dedicar ese dinero a inversiones productivas, pero la ley se lo impide), y pese a ello, 7 millones de incumplimiento de la regla de gasto. El remanente de tesorería alcanza los 54,4 millones y la deuda a largo plazo es de unos 65 millones.

La Diputación de Cádiz ya tiene lista la liquidación del presupuesto del año 2018, con un 86% de ejecución total: un superávit de 41 millones de euros, y pese a ello, 7 millones de incumplimiento de la regla de gasto. Unos datos que se trasladarán al pleno de mayo.

“No me gusta hablar de superávit. Lo razonable sería dedicarlo a inversiones productivas, con incidencia en la sociedad de la provincia, y no para reducir la deuda con los bancos. Pero con la actual legislación, no es posible”, se ha lamentado el responsable del área de Servicios Económicos de la Diputación, Jesús Solís, a la hora de hacer balance.

La actual Ley de Estabilidad Presupuestaria, impuesta por el anterior Gobierno central del PP, establece una regla de gasto con límites estrictos, que impide que una institución –aún saneada- pueda invertir todo lo que su capacidad económica y financiera permite. El pasado ejercicio, el techo de gasto para la Diputación gaditana se fijaba en 175 millones de euros, si bien finalmente dicho ejercicio se cerró con 182 millones efectivamente invertidos.

Esa diferencia, de 7 millones, supone “un incumplimiento de la regla de gasto”, reconoce Solís, que se compensa con los datos del resto de principios que determinan la estabilidad y sostenibilidad de una administración pública: es el caso del superávit, cifrado en 41 millones, o el ratio de endeudamiento que se sitúa en el 56% de los recursos corrientes y que se ha reducido en casi 50 puntos desde el inicio del mandato corporativo.

Así, se apunta en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, ese desfase en la regla de gasto no supondrá ninguna consecuencia onerosa para la institución provincial, que sí tendrá que comprometerse a no rebasar dicho límite en los dos próximos ejercicios. El responsable de Servicios Económicos añade una repercusión positiva: la regla de gasto se determina en función de las inversiones del año anterior, más un índice adoptado por el Consejo de Ministros. Por tanto el próximo límite inversor se situará por encima de los 182 millones.

El grado de ejecución presupuestaria, en 2018, alcanzó un 86% de los créditos inicialmente estimados, tanto en el ámbito de los gastos como en el de los ingresos. Solís ha indicado que, en relación a los gastos, el último promedio nacional conocido establece una ejecución de poco más del 70% de las estimaciones. Por capítulos, las inversiones superaron el 70% de las partidas programadas, los gastos corrientes acreditaron más de un 82% de ejecución y las transferencias corrientes más del 91%.

Este diputado provincial del PSOE también ha resaltado que el remanente de tesorería alcanza los 54,4 millones de euros, la deuda a largo plazo se sitúa en 65 millones y el periodo medio de pago a proveedores (a 31 de diciembre de 2018) se fijaba en 16 días.

Esos registros, y los 41 millones de superávit, establecen una “sólida base financiera” para reeditar un nuevo plan Invierte (reparto de estos fondos ‘sobrantes’ entre todos los ayuntamiento para obras, principalmente), “si así lo estima el próximo gobierno de la Diputación”, ha sentenciado Jesús Solís.

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